El Gobierno indulta al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz

El Gobierno en funciones tras el 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar el indulto a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel e inhabilitación impuesta por el Supremo. El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones y portavoz del Ejecutivo, José Blanco ha eludido contestar sobre el asunto en el Consejo de Ministros y se ha remitido al ministerio de Justicia. Asimismo Blanco ha afirmado desconocer si el PP tenía conocimiento del indulto. «No conozco los extremos si en este caso concreto el PP tenía conocimiento de esta decisión, por lo tanto lamento no poder informarle », ha sentenciado Blanco.

El ministerio de Justicia se ha limitado a informar sobre el indulto en una nota de prensa de dos párrafos . «La concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta», asegura Justicia en la escueta información.

De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los requisitos de «honorabilidad» que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

Sáenz ya anunció el pasado marzo tras la condena de inhabilitación que pediría el indulto al Gobierno y recurriría en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

No obstante, el Tribunal Supremo acordó el pasado octubre su oposición sobre la petición de Alfredo Sáenz para que el Gobierno le conmutara que le impuso ese mismo tribunal por un delito de denuncia falsa. Así, ha sido el Ministerio de Justicia quien ha decidido sobre la concesión de la medida de gracia a Sáenz.

El pasado mes de marzo, el Supremo condenó a Sáenz al considerar probado que dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, con el objetivo de que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas.