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El abono transporte combinado con Madrid, es decir, que ofrece la posibilidad de adquirir la tarjeta en Castilla y León (especialmente en Ávila y Segovia) y desplazarse en los medios públicos de la Comunidad vecina por el mismo precio corre riesgo cierto de no seguir en vigor más allá de 2011. El órdago lanzado por el consejero de Transportes madrileño, Antonio Beteta, reclamando a las regiones limítrofes con las que mantiene un acuerdo, es decir Castilla y León y Castilla-La Mancha, que paguen el precio real de los abonos que usan sus vecinos, se ha encontrado con el rechazo tajante de la Junta a desembolsar más dinero por este concepto.
Desde la Consejería de Fomento subrayaron que «descartamos» incrementar la partida para estas ayudas, pero no se oponene a mantenerlas como están ahora, ya que suponen un beneficio directo al ciudadano, mientras que lo que reclama Beteta «no», pues pide que las comunidades limítrofes paguen la diferencia entre el coste real del bono y su precio de venta, que es sensiblemente inferior.
El acuerdo firmado entre ambos gobiernos regionales en 2007 —con vigencia hasta finales de este año— suponía que la Junta de Castilla y León paga «el cien por cien» del coste del abono transporte de los usuarios habituales de la Comunidad que viajan a Madrid y que éstos, al adquirir sus tarjetas mensuales, se puedan desplazar sin límite de movimientos en la red pública de autobús, metro y cercanías de la región vecina dentro de la zona C2 (en Madrid cuesta 86,40). Esto se traduce en que, por ejemplo, un viajero segoviano en autobús paga 180,25 euros por el abono mensual para desplazarse entre ambas comunidades y moverse por la red de transportes madrileña. Según el acuerdo de entonces, ambas administraciones financiarían conjuntamente los 1,2 millones de euros necesarios para esta iniciativa.
De hecho, el objetivo del acuerdo era facilitar el desplazamiento de los miles de castellano y leoneses que viajan a diario a Madrid, especialmente estudiantes universitarios y trabajadores, a la vez que se fomentaba el uso del transporte público. Es más, la operatividad y buen funcionamiento de la iniciativa llevó a la Comunidad de Madrid a renovar hasta 2011 el abono transporte combinado con Castilla y León tan sólo tres meses después del acuerdo inicial, en noviembre de 2007.
Tres millones
Ahora, este acuerdo bien acogido por los usuarios, aunque también ha recibido quejas, se ve en peligro después de las palabras pronunciadas este martes por Antonio Beteta. El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid afirmó que pedirá a Castilla y León y Castilla-La Mancha que paguen el precio real de los abonos transportes que utilizan mensualmente 9.000 usuarios de estas comunidades y cuyo coste cuantificó en tres millones de euros al año. «Lo que pretendemos hacer —dijo en declaraciones recogidas por Efe— es que (...) si quieren beneficiar a sus ciudadanos con esos descuentos, que firmen y paguen los correspondientes convenios». Según Beteta, con esto pretenden que los viajeros sigan teniendo abono, pero que las regiones paguen el coste efectivo del servicio.
Sin el acuerdo, los usuarios castellano y leoneses no podrían tener acceso a estas tarjetas ya que la modificación incluida en el proyecto de Ley de Acompañamiento aprobada recientemente por la Comunidad de Madrid contempla que sólo se beneficiarán del precio reducido quienes tengan su residencia allí, aunque no necesariamente deberán estar empadronados.
Por el momento, según confirmaron fuentes de la Consejería de Fomento a ABC, la Junta de Castilla y León no se ha planteado si negociará este asunto con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
