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La «vía Nanclares» languidece, al menos de momento. El plan que el Ministerio del Interior puso en marcha a finales de 2006 para avivar la disidencia dentro de la colonia penitenciaria de ETA —y que pivotaba en el acercamiento de los díscolos al penal alavés— ha entrado en un «parón casi absoluto», según reconocen los responsables penitenciarios. El análisis de todos los expertos y técnicos que diseñaron este plan bajo las órdenes de Rubalcaba es unánime: los movimientos disidentes se comenzaron a frenar en septiembre de 2010, con la firma de la declaración de Gernika y el posterior anunció de ETA de no llevar «acciones armadas ofensivas». Se ralentizaron aún más con la declaración de enero cuando la banda decretó su alto el fuego «permanente» y ha desaparecido tras el anuncio de cese definitivo de la acción armada.
«Falsa expectativa»
La razón de este frenazo —explican los responsables de Interior— es que la desaparición de la violencia ha creado una «falsa expectativa» entre los más de medio millar de reclusos de ETA en España de que puede darse una «solución colectiva» a su situación y que ya no merece la pena «significarse» para conseguir beneficios que, quizás en breve, se harán extensivos al resto de reclusos. Una tesis que rechazan los responsables penitenciarios, que insisten en que cualquier tratamiento penitenciario debe ser individualizado.
Lo cierto es que el «cese» de ETA ha frenado los acercamientos al sector crítico de más de 40 activistas que —sin llegar a redactar la famosa carta de arrepentimiento (con el perdón a las víctimas, la promesa de colaboración con la justicia, el rechazo a la violencia y el pago de indemnizaciones)— sí que se habían mostrado abiertamente contrarios a la continuación de la lucha armada.
En ese colectivo de «disidentes» frustrados se sitúan nombres de especial relevancia para ETA, tales como Josu Arkauz, «Josu de Mondragón»; Santiago Arróspide, «Santi Potros»; Francisco Múgica, «Pakito» o Felipe San Epifanio. Estos activistas fueron trasladados a las «cárceles laboratorio» de la disidencia (Zuera, Villabona y, en menor media, A Lama) a la espera de que dieran el salto a Nanclares.
Condena a 1.000 años
Por otra parte la Audiencia Nacional al dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi a 1.000 años de prisión por ordenar el atentado con coche-bomba cometido en Madrid el 6 de noviembre de 2001, y en el que resultaron heridas 95 personas. El objetivo era el subsecretario de Política Científica, Juan Junquera, que salió ileso.
La Audiencia considera a Juan Antonio Olarra autor de los delitos de depósito de arma y explosivos, estragos, un asesinato en grado de conspiración y 95 asesinatos terroristas en grado de tentativa.
