El PP teme el calado del gasto oculto de la gestión de Zapatero

El traspaso de poderes comienza hoy oficialmente en el Palacio de la Moncloa. Los populares no quieren perder ni un minuto de tiempo y se han puesto manos a la obra para que este proceso se realice de la forma más ágil posible. Las dos personas que pilotarán esta transición, Soraya Sáenz de Santamaría, por parte del PP, y Ramón Jáuregui, por parte del Gobierno, se reunirán hoy por primera vez.

Después de anunciar Rajoy ante el Comité Ejecutivo que Sáenz de Santamaría será la persona responsable de la coordinación del traspaso de poderes, ésta se encuentra ultimando el equipo que le ayudará en este delicado proceso. La portavoz parlamentaria se rodeará de las personas de confianza que la han acompañado durante estos cuatro años en el Grupo Parlamentario Popular. Las fuentes consultadas indican que podría contar con los portavoces parlamentarios de las distintas áreas.

Uno de los principales temores que albergan los dirigentes populares es que el actual Gobierno socialista siga comprometiendo gastos que tendrán que asumir ellos cuando tengan que gobernar. «Una de las cosas más importantes es que Zapatero no tome decisiones económicas que comprometan al futuro Gobierno, pero que ahora le interesan a él», comentan a ABC fuentes populares, que aseguran que «hay que lanzar un mensaje para que Zapatero no tome decisiones importantes que no sean fundamentales para la gestión». Estos gastos que podría estar comprometidos se refieren principalmente a inversiones plurianuales que tendrán que asumir los populares. Las fuentes consultadas advierten «que no nos hipotequen».

Liberados sindicales

Aunque sus temores no se verán confirmados hasta que puedan conocer la situación real que heredarán, ya tienen algunas sospechas en áreas como Cooperación y Fomento. Igualmente, algunas organizaciones profesionales, como es el caso de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) han alertado sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda «dejar blindados a un número importante de liberados sindicales», que ellos llegan a cifrar en 600. Este blindaje se produciría al ejecutar, a petición de UGT y CSIF, un acuerdo firmado a final de septiembre, en el que se recoge la «liberación permanente e institucionalizada y sin base en los procesos electorales de cientos de trabajadores de la Administración General del Estado al servicio de la causa».

En el caso de Cooperación, se ha eliminado el tope de cinco millones anuales que reciben las ONG.