ETA pone a los presos como condición para su desarme

La organización terrorista pretende la puesta en marcha de un proceso de negociación con los gobiernos de España y Francia para la retirada de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco. Reclaman que las negociaciones cuenten con la presencia de observadores internacionales para «hacer seguimiento del desarrollo de los acuerdos que se adopten» y como garantía de los posibles acuerdos.

ETA señala que la agenda de la mesa de negociación deben estar la puesta en libertad de los presos, el retorno de los huidos, «la inutilización de las armas de ETA» y lo que llama la «desmilitarización de Euskal Herria»

«El final de la confrontación armada no podría entenderse si Euskal Herria permanece llena de fuerzas armadas», señalan en la entrevista en el diario abertzale. «Los distintos cuerpos armados han causado mucho dolor en este pueblo -afirman los etarras-. Las páginas más oscuras de ese relato que hemos mencionado las ha escrito la Guardia Civil. Supondría un paso de gran importancia para la conciencia colectiva de la ciudadanía vasca».

Los etarras entrevistados señalan que el posible abandono de sus armas está incluido «en la agenda de la negociación entre ETA y el Estado» y que están dispuestos a hablar sobre la cuestión «también a adoptar compromisos, en la lógica de la solución de todas las consecuencias del conflicto».

En otro momento, los etarras declaran que la decisión sobre la «lucha armada» «no era sencilla», y la atribuyen al «gran sentimiento de responsabilidad» que les provocó la declaración difundida tras la «Conferencia de Paz». Una declaración que, por su nivel, según los terroristas, es equiparable sólo a dos momentos anteriores: la propia creación de ETA y la decisión de continuar con la «lucha armada» tras la muerte de Franco. La banda quiere así justificar ante los sectores más duros de su militancia su decisión de cesar el terrorismo.

Según «Gara», ETA habla también de su relación con los «agentes internacionales», arrojando más luz sobre la Conferencia de San Sebastián, y explica cuál es su posición actual ante el Estado español y, más en concreto, ante la probable llegada del PP a La Moncloa. Pero por encima de ello subraya su convicción de que la clave de los avances está en la sociedad vasca. En este punto, los etarras dejan abiertos otros escenarios inciertos en el caso de que el futuro gobierno optara por bloquear el proceso de negociación que pretenden imponer. ¿Hay una amenaza de vuelta a las armas?

En recientes documentos internos ETA asegura que si el gobierno de turno no acepta la autodeterminación, las instituciones vascas, copadas por la «acumulación de fuerzas soberanistas» —Bildu, Amaiur...— declararían unilateralmente la independencia. En la entrevista de hoy, los «portavoces» aseguran que «ETA no estará sentada en la mesa de la negociación política». Pero hay trampa, porque, como en el «proceso de paz» con Zapatero, intentaría tutelarla a través de los batasunos.

Mientras, el Tribunal Supremo ha respaldado a los seis magistrados del Constitucional que estimaron el recurso de amparo presentado por Bildu y permitieron de este modo que la coalición se presentara a laspasadas elecciones municipales. Contra ellos se habían querellado Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oír, Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, Fundación Denaes y la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, que han sido condenadas al pago de las costas procesales por su «patente voracidad litigiosa».

La Sala Penal del Supremo rechaza que los seis querellados (Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega) hayan cometido delito de prevaricación alguna; al contrario, asegura que la decisión que adoptaron no era «injusta» y que tampoco existió «abuso de jurisdicción ni invasión competencial en relación a los decidido por la "Sala del 61" ni ha existido apartamiento de lo que ha sido la doctrina usual del Tribunal Constitucional en los referente a la valoración de la prueba indiciaria».

El Supremo recuerda que también en el seno de la «Sala del 61» hubo discrepancias y que siete de sus dieciséis integrantes redactaron dos votos particulares. Hecho, señala, que pone de manifiesto «clamorosamente la complejidad jurídica del tema, sus matices y la legitimidad de defender opciones distintas».