Los obispos piden votar a quien defienda la vida y el matrimonio
El Episcopado ofrece a los católicos consideraciones que «ayuden al ejercicio responsable del voto»
Los obispos no tienen nada que opinar sobre el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. «La Conferencia Episcopal nunca ha hecho una valoración moral ni política sobre un texto de ETA y tampoco lo hará ahora», afirmó ayer el secretario general del Episcopado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino , quien, sin embargo, explicó que los prelados se «alegran de la declaración de intenciones» sobre el cese de la actividad armada; esperan que este anuncio suponga «un paso para el fin del terrorismo» y están al lado de las víctimas, a quienes «nunca habrá que dejarles de hacer justicia».
Pese a que el comunicado de ETA coincidió el jueves por la noche con el final de la reunión del Comité Permanente, en la sede de la Conferencia Episcopal, los obispos que aún estaban presentes optaron por no hacer una «declaración formal» sobre el tema además de que tampoco había quórum. Uno de los objetivos de aquel encuentro ya estaba cumplido y era la aprobación de una nota en la que los prelados «ofrecen» a los católicos y las personas de buena voluntad una serie de recomendaciones morales «que ayuden al ejercicio responsable del deber de votar» en las próximas elecciones generales del 20-N.
La Iglesia no apoya partidos La lista de diez puntos incluye muchas cuestiones que han dominado la escena política y social durante estos siete años de legislatura socialista, como la nueva ley del aborto, la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio homosexual o la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Los obispos recuerdan en la nota que, con estas orientaciones, la Iglesia «no pretende imponerse al Estado, ni entrar en opciones de partido, ni proponer ningún programa político». «Cada uno deberá sopesar a quién debe votar para obtener el mayor bien posible», aseguran, al tiempo que recuerdan que «no es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos».
Por ello, llaman la atención sobre «el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural ». También califican de «nocivo» para el bien común ordenamientos legales que «no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos».
Frente al panorama legislativo en vigor y de cara a las elecciones, los prelados consideran «necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como "esposo" y "esposa", en un matrimonio estable».
Distribución de la riqueza
La libertad de enseñanza, el respeto al derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones y a que el Estado no imponga ninguna ideología en el ámbito educativo es otra de las consideraciones que piden tener en cuenta antes de votar el 20-N. La grave crisis económica es otro de los aspectos sobre los que reflexionan los prelados, al reclamar «políticas sociales y económicas responsables que propicien el trabajo para todos», así como «una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas, y que atiendan a las necesidades de los más vulnerables».
«La Constitución habla de la nación española respecto de la cual hay una responsabilidad moral»
El terrorismo y los nacionalismos son los dos últimos temas que completan la lista. Sobre el primero, los prelados recuerdan que «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población», ya que el terrorismo es «una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida».
Sobre el nacionalismo afirman que «se reconoce la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español», aunque a renglón seguido señalan que es «necesario tutelar el bien común de la nación española en su conjunto, evitando riesgos de manipulación por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo». «La Constitución habla de la nación española respecto de la cual hay una responsabilidad moral —afirmó Martínez Camino—; ignorar eso no es aconsejable».
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