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El Consejo Consultivo de Agricultura, celebrado ayer, sirvió para que el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias lanzaran a Bruselas un unitario mensaje de rechazo «frontal» a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC). La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, afirmó que España será «contundente» en el Consejo de Ministros de la UE que se celebrará el próximo jueves, en el que el Gobierno mostrará su oposición a la nueva ficha financiera —que implica una reducción de ayudas directas al sector de entre un 15 y un 20%— y exigirá al comisario del ramo, el rumano Dacian Ciolos, que «primero se aclare el presupuesto con el que va a contar la agricultura europea y después se proponga la reforma que corresponda».
Aguilar apuntó que el pacto entre Gobierno y comunidades supone tener «una sola voz» ante la reforma. El siguiente objetivo es reunir a los europarlamentarios españoles para «pedirles el rechazo total a una reforma que supondría un retroceso para la producción española».
Gobierno y comunidades se oponen a la propuesta de «tasa plana», es decir, la implantación de un sistema de pago único por hectárea sin tener en cuenta variables como la diversidad de cultivos o métodos de producción, una propuesta que el sector español califica de ataque frontal a la «agricultura productiva».
Tampoco deja satisfechos el llamado «tramo verde», que otorgaría un 30% de la ayuda si se cumplen requisitos medioambientales (rotación de cultivos, pastoreo permanente y destinar un 7% de la explotación a producciones ecológicas). Esta medida supondría, según los agricultores, un sobrecoste y falta de competitividad. En este sentido, el presidente de las organizaciones agrarias (COPA), Gerd Sonnleitner, dijo ayer que si sale adelante esta medida podrían ser retiradas de la producción entre 6 y 7 millones de hectáreas, informa Efe.
También levanta ampollas la redefinición de «agricultor activo», condición que consigue cualquier persona solo con que un 5% de su renta proceda del sector primario.
Finalmente se insiste en que el plan europeo no soluciona los grandes problemas que tiene el campo: la gestión del mercado y los precios.
