El PP reformará el Banco de España y los entes reguladores para evitar abusos

Una «profunda reforma» del Banco de España para garantizar «la transparencia y el buen gobierno en las entidades financieras», y otra de los organismos reguladores para que se garantice la «independencia y profesionalidad» de los miembros de sus consejos, son dos de las propuestas que formarán parte del programa electoral del Partido Popular. Estas medidas son la respuesta de los populares a la polémica sobre las indemnizaciones millonarias que han cobrado algunos directivos de las cajas de ahorro, sin que el Banco de España las haya supervisado; y a la decisión del PSOE de dejar al PP fuera de los organismos reguladores (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Energía y Comisión Nacional de la Competencia).

El anuncio de estas propuestas lo realizó ayer la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, en los desayunos de Europa Press, y forman parte de «una nueva forma de hacer política» que llegará si Mariano Rajoy gana las elecciones generales el próximo 20 de noviembre. «El nuestro es otro tiempo, el de las soluciones», anticipó la portavoz popular, antes de desvelar la intención del PP de hacer esta «profunda reforma» del Banco de España que estará encaminada, primero, a «buscar una capacitación técnica y una cierta independencia» del cargo de gobernador de este organismo. En este punto, reconoció que «no me parece bien» que se pueda pasar de secretario de Estado de Economía a gobernador del Banco de España, como ha sucedido con Miguel Ángel Fernández Ordñez.

Los populares sostienen que hay que garantizar el «buen gobierno» de las entidades financieras, sobre todo en aquellas en las que se aporten fondos públicos, subrayando Sáenz de Santamaría que hay que controlar el «comportamiento ético» de sus directivos. A su juicio, es «inadmisible» que se concedan las indemnizaciones que se han conocido sin que Fernández Ordñez dé cuenta de cómo se han producido. El PP apuesta porque sea el gobernador del Banco de España e incluso el Ministerio de Economía los que tengan la responsabilidad de averiguar «qué ha pasado y,en la medida de lo posible, tratar de restituir esos fondos». Unos fondos que han llegado, en algunos casos, procedentes del dinero público «a costa del esfuerzo de los ciudadanos», por lo que tienen que estar «bien gestionados» y no «premiar a los gestores que han llevado estas empresas a esta situación».

Más control y vigilancia

La apuesta del PP pasa por buscar unos mecanismos para mejorar el control, la vigilancia y garantizar la transparencia y el buen gobierno, reforzando el cuerpo técnico de inspectores con una cualificación similar a la que tienen los de Hacienda. Esta formación política asegura que el gobernador del Banco de España no puede ser «un mero comentarista de lo que sucede», aludiendo a las palabras de Fernández Ordoñez sobre la situación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que dijo que «es lo peor de lo peor». Sáenz de Santamaría apostilló que «la disciplina y la supervisión es responsabilidad suya».

Esta reforma del Banco de España irá acompañada con otra de los organismos reguladores, en los que, en virtud de un pacto del PSOE con CiU y PNV, han quedado fuera los representantes del Partido Popular. Esta formación política afirma que en estos organismos reguladores «está muy cuestionada su profesionalidad e independencia por los nombramientos ligados a miembros del Gobierno. Con ello, aludían al presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, que ha sido secretario de Estado de Telecomunicaciones, o Luis Díez, ex jefe de gabinete de la ministra Elena Salgado, consejero de la Comisión Nacional de la Competencia.

El PP se negó a aceptar el modelo pactado por el PSOE con los nacionalistas y otras minorías y presentó en el Congreso de los Diputados una alternativa, a través de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible y con una Proposición de Ley. Con estas iniciativas, según han asegurado a ABC fuentes populares, buscaban la independencia de los consejeros y reforzar las mayorías parlamentarias para su nombramiento. El castigo de los socialistas a la rebeldía de los populares al negarse a acatar su modelo fue su exclusión de estos organismos reguladores.

Como última propuesta reformista, la portavoz popular aludió a la intención del PP de introducir en la ley de estabilidad presupuestaria la fijación de responsabilidades para aquellos gestores que no cumplan con sus funciones en el control del dinero público, aludiendo a las facturas impagadas y a las deudas que se están encontrando.