El discurso de apertura del año judicial 2012 que tuvo lugar ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estuvo cargado de amonestaciones. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, dio un golpe en la mesa al referirse, de forma tácita, a las actuaciones que durante cuatro meses los «indignados» del 15-M llevan emprendiendo en diversos frentes al margen de la ley. Esta conducta contraria al Estado de Derecho que cuenta con «la pasividad eventual» de las autoridades ha provocado, en palabras de Moix, «una crisis institucional» y una «creciente desconfianza de los ciudadanos» hacia las autoridades y la Justicia.
Así lo hizo constar el fiscal superior de Madrid en su discurso: «Conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de Parlamentos Autonómicos o de Corporaciones Locales democráticamente elegidos por los ciudadanos o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes, no sólo deslegitiman a los que así actúan, haciéndoles perder cualquier asomo de razón en la que quisieran justificar su proceder, sino que exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia democrática». Quienes hacen prevalecer este tipo de actos, apostilló Moix, «muestran su ignorancia del principio primordial de una convivencia democrática: ningún derecho, ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es absoluto. Todos tienen sus límites y el primero es el respeto a los derechos de los demás. La libertad de cada individuo termina allí donde empieza la libertad de otro». Para finalizar, Moix hizo hincapié en que supone una «inmoralidad» trasladar a la opinión pública «la falacia de que es lícito y hasta bueno realizar actos ilegales al margen de los cauces establecidos por las normas jurídicas, siempre que sea sin violencia».
La delegada, oídos sordos
Entre las diversas personalidades del mundo de la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que presenciaron este acto solemne se encontraba la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, quien ha guardado silencio desde agosto tras los disturbios del 15-M acaecidos y las consecuentes peticiones de su dimisión. Ayer, Carrión alegó que estaba «totalmente de acuerdo» con Moix, que se actuó correctamente con los «indignados» y que no estudia presentar su dimisión.
Las críticas y reivindicaciones hacia el desfase que arrastran desde hace años los órganos judiciales fueron múltiples por parte de Moix, y el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, encargados del discurso. Ante la gran carga de trabajo y la escasez de funcionarios solicitaron una modernización de la administración de justicia a través de una reducción de la litigiosidad. Moix solicitó a Esperanza Aguirre, presente en el acto, que diera a conocer previamente los presupuestos destinados a la Justicia.
