Manuel Moix critica al movimiento 15-M por ignorar los valores democráticos
El fiscal superior de la Comunidad considera que las instituciones tienen que velar por las normas constitucionales y erradicar cualquier comportamiento contrario a ello
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha arremetido contra el Movimiento 15M al considerar que con sus protestas se está ignorando el principio primordial de convivencia democrática, añadiendo que son las instituciones las que deben erradicar esos comportamientos.
Moix se ha referido al 15M, sin nombrarlo explícitamente, durante su mensaje en la apertura del Año Judicial 2012 de la Comunidad de
Madrid, donde ha explicado que «son las instituciones las que tienen encomendada la función de erradicar todo actuar que vulnere las normas constitucionales que rigen las relaciones entre los españoles», como recoge Efe.
Para el fiscal, conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de parlamentos autonómicos o corporaciones locales, democráticamente elegidos por los ciudadanos, o el impedimento de ejecutar resoluciones judiciales firmes, «deslegitiman a los que así actúan y con ello exteriorizan su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática».
Las críticas de Moix hacía la actuación de las instituciones han venido acompañadas de una defensa del Estado de Derecho en
el que, según ha recalcado, ha de imperar «el acatamiento de la Ley y de las resoluciones judiciales». En sus palabras, ha mostrado su preocupación por la « actual crisis institucional » debido a la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Asimismo, ha alertado de que se debe estar alerta sobre «la inmoralidad que podría suponer pretender trasladar a la opinión pública la falacia de que es lícito y hasta bueno realizar actos ilegales al margen de los cauces establecidos por las normas jurídicas».
«Ningún derecho», ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es «absoluto», ha afirmado Moix, tras lo que ha afirmado que todos los derechos tienen sus límites, y el primero es el respeto a los derechos de los demás.
Moix ha precisado que incumplir una decisión judicial puede ser un delito de desobediencia a la autoridad judicial, como también es un delito ocupar ilegalmente una vía pública. «Ha habido una tolerancia mal entendida», ya que nunca se puede simpatizar con los infractores porque
el que infringe la ley lleva la consiguiente corrección, ha opinado.
En presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, el fiscal ha resaltado que un proceder institucional que se pueda interpretar como «pasividad», «tolerancia» e incluso «simpatía con los infractores».
Por su parte, Carrión ha señalado al concluir el acto que no ha entendido las palabras de Moix como una crítica a su gestión frente a las protestas del Movimiento 15M, ya que está de acuerdo «completamente» con él.
Carrión ha añadido que la Delegación del Gobierno ha cumplido en todo momento con la ley, y que cuando no se ha cumplido la Policía ha identificado a los infractores y ha detenido a las personas que han vulnerado la ley.
Al concluir el acto, como recoge Ep, el fiscal se ha referidos a los datos registrados en la Fiscalía de Madrid durante el año 2010, en los que ha destacado un descenso de un 2,48 por ciento en las diligencias incoadas. En Madrid capital, el número de diligencias abiertas se sitúa en 400.885, es decir, un 1,54 por ciento menos que en 2009. En cambio, ha crecido el número de delitos cometidos por menores, ya que presenta unas cifras superiores al año 2009. Así, se registró una cifra global de 11.489 ilícitos penales, lo que supone un incremento del 6,19 por ciento, frente a la cifra de 10.819 por igual concepto del anterior año 2009.
Por su parte, el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, ha hecho en su discurso un repaso a las principales deficiencias que aquejan a la Justicia madrileña, como el exceso de litigiosidad en material penal al ingresar más de un millón de asuntos. Además, ha hecho mención al conflicto con los abogados del Turno de Oficio y ha reconocido que se deben corregir los defectos del actual sistema de ponderación, sin menospreciar «la labor de los letrados que ejercen este servicio".
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