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El Pleno del Congreso convalidó ayer el decreto ley por el que se restablece el impuesto de Patrimonio con carácter temporal, por 176 votos a favor (PSOE, ERC-IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai), 166 abstenciones (PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y UPyD) y dos votos en contra (uno del PSOE y otro del PP). El resultado de la votación es engañoso, y no responde a lo que fue el debate: una bronca de la oposición en bloque contra una medida del Gobierno que considera electoralista y poco seria. Cada cual, sin embargo, encontró sus motivos políticos, y electorales, bien para votar a favor o bien para abstenerse. Lo que no quiso hacer el PP fue votar en contra para no regalar al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la baza que buscaba: proclamar que Mariano Rajoy se pone del lado de los ricos al rechazar el impuesto de Patrimonio.
Desde que se abrió la sesión, la última de la legislatura, el escepticismo sobre las bondades de este nuevo impuesto con el que se despide Zapatero se instaló en el hemiciclo. Empezando por el propio Rubalcaba, que ni siquiera estuvo en el debate. Su escaño permaneció vacío durante buena parte de la mañana, pese a ser quien propuso al Gobierno esta medida de última hora. Tampoco estuvieron en el debate Zapatero ni la mayoría de los ministros. En la oposición, Mariano Rajoy fue el gran ausente, ya que se encontraba en Lorca. Así, con un salón de plenos semivacío, la vicepresidenta Elena Salgado subió a la tribuna para defender el impuesto de Patrimonio, tarea a la que dedicó apenas 10 minutos, sin ningún entusiasmo por su parte. Más tarde se marcharía, justo en el turno del PP, por un compromiso internacional.
Lo primero que dijo Salgado es que el decreto ley recupera el gravamen sobre el Patrimonio, «pero con carácter temporal y para los patrimonios más altos», con el fin de reforzar la estabilidad presupuestaria. Insistió en que el Gobierno no presenta esta recuperación como definitiva, y se dirige a un número «muy reducido de contribuyentes con una especial capacidad económica». En concreto, los afectados serán unos 160.000, los que superen el mínimo exento de 700.000 euros, y se prevé una recaudación de 1.080 millones de euros (600 de ellos en Cataluña y Madrid, mientras que Extremadura sólo recaudaría 3 millones).
Salgado demostró lo poco convencida que está con este impuesto cuando señaló que la próxima legislatura «podrá diseñarse un impuesto que recoja con mayor amplitud, en su integridad, la capacidad económica de los contribuyentes». La vicepresidenta puso un granito de arena más en la ceremonia de la confusión que han protagonizado dentro del Gobierno sobre el dinero que recibirán las comunidades. En contra de lo que sostiene el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, Salgado insistió en que la norma aprobada no afectará «por supuesto» a las compensaciones previstas en la Ley de Financiación Autonómica, porque «con la fórmula de un decreto ley sencillamente no se puede». También tuvo un mensaje para Rubalcaba, que no se cansa de decir que destinará la recaudación a la creación de empleo juvenil: «Esta medida no afecta a la autonomía financiera de las comunidades ni a sus capacidades normativas». Serán ellas las que decidan el destino del dinero.
A partir de ahí, empezó el desfile de portavoces, en una competición por descalificar con más ganas este impuesto rescatado por el Gobierno, incluidos los grupos de la izquierda minoritaria, a los que su voto afirmativo no impidió desfogarse contra el Ejecutivo. «Es un gesto de estrategia electoral a la desesperada», advirtió Uxue Barkos (Nafarroa Bai). «Es un guiño electoral de última hora», corroboró Francisco Jorquera (BNG). «Es un gran parche que no tiene credibilidad, y sólo sirve de telón de fondo de sus mítines electorales», aportó Nuria Buenaventura (ICV). «A cuatro días de las elecciones, el Gobierno, o quizás debería decir el candidato Rubalcaba, resucita el impuesto en un intento desesperado, tardío y mal planteado de repintar de rojo la maltrecha fachada progresista del Gobierno», remató Joan Ridao (ERC). Estos han sido los socios del Gobierno.
Poco convencido
El principal rapapolvo al Ejecutivo se lo propinó uno de sus aliados más fieles a lo largo de la legislatura, Coalición Canaria: «Nunca he visto un Gobierno más poco convencido de la medida que está tomando. Las promesas de los candidatos electorales, a los programas electorales, así de claro», exclamó Ana Oramas. Para Pedro Azpiazu (PNV) se trata de un «arma electoral» de Rubalcaba, y según Josep Sánchez Llibre (CiU) el Gobierno ha tenido un actitud «poco seria, poco rigurosa y demagógica».
