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Buena parte de los gobiernos autonómicos del PP mostraron ayer sus reticencias a la hora de aplicar el nuevo impuesto de Patrimonio aprobado por el Consejo de Ministros. Los protagonistas de la rebelión son los presidentes de Murcia, Valencia, Castilla y León y Aragón, mientras que los de Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares y Galicia se mostraron críticos en general pero esperarán a leer la letra pequeña para pronunciarse. El Ejecutivo extremeño también criticó el diseño del nuevo impuesto, pero lo cobrará, lo mismo que el de Madrid y el catalán.
Sin duda, fue el Gobierno murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel, el más tajante: no recaudará el impuesto sobre Patrimonio porque su intención es «no subir ningún impuesto». Por mantener la «coherencia» con esta postura, anunció que se «plantará».
La Generalitat Valenciana por su parte, bonificará el 100 por ciento del impuesto, según avanzó su presidente, Alberto Fabra, el pasado lunes. Se trata, pues, de una maniobra para no tener que cobrarlo, aunque formalmente no se niegue aplicarlo. En cualquier caso, el Gobierno valenciano confía en que la medida no llegará a aplicarse si el PP gana las elecciones.
El Ejecutivo aragonés tampoco simpatiza en absoluto con la iniciativa del Gobierno socialista y confió en que el nuevo impuesto no llegue a ver la luz, pues considera que es «políticamente un despropósito, y jurídicamente inconstitucional».
La Junta de Castilla y León, por su parte, teme que el nuevo impuesto provoque una posible reducción de sus ingresos. Por ello, arremetió contra el Ejecutivo central y calificó la medida de «desprestigio total a la autonomía financiera de las comunidades». En esta línea, reclama una compensación económica, pues según estimaciones del propio Ministerio de Economía y Hacienda podría perder hasta 40 millones de euros.
En Extremadura tampoco faltaron las críticas. Su Ejecutivo tachó el impuesto de «insolidario», muy alejado del que propone su presidente, José Antonio Monago. Éste exige que esa tasa sea «nacional y solidaria», de modo que las Comunidades que menos tienen reciban más dinero que aquellas más ricas.
Mucho más cautelosos se mostraron los gobiernos autonómicos de Cantabria, Baleares y Galicia, que van a esperar a conocer el texto oficial antes de tomar una decisión al respecto. No obstante, en principio no parece que vayan a plantear una postura de fuerza como la del Ejecutivo murciano.
Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ni siquiera entró en la cuestión de si va a cobrar el impuesto o no y se limitó a afirmar que esta medida no recaudará mucho dinero. Añadió asimismo que espera «no tener que aplicar este impuesto», en referencia a un cambio en el Gobierno. Más tarde, precisó que esperará «a conocer el contenido concreto y la letra pequeña de la nueva normativa».
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró por su parte que la Comunidad, «como siempre hace y ha hecho, se limitará a cumplir la ley». La misma postura que Cataluña, donde el Ejecutivo de Artur Mas explicó que la actual situación económica así lo aconseja. Sin embargo, CiU exige conocer el contenido del decreto, pues según recordaron fuentes de la Generalitat «los ministros no acaban de ponerse de acuerdo».
Recaudación: 1.080 millones
Lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros es un Real Decreto Ley que incluye la recuperación temporal del impuesto sobre el Patrimonio para rentas superiores a los 700.000 euros, con una exención de 300.000 euros por la primera vivienda. Ello afectará a un total de 160.000 contribuyentes, según afirmó el portavoz del Gobierno, José Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete.
El nuevo impuesto, que se eliminó en el año 2008, gravará ahora patrimonios superiores a los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (cerca de 108.000 euros). Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble de 2008. La tasa aportará 1.080 millones de euros y se restablece exclusivamente para los años 2011 y 2012, por lo que las declaraciones tendrán que presentarse y realizarse en los años 2012 y 2013. En matrimonios, la titularidad de bienes y derechos comunes a ambos cónyuges se atribuye por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación.
