La muerte de Ramona tras 14 días sin comer reabre el debate de la eutanasia

Tras el desenlace, el hijo de la fallecida, José Ramón Páez, se mostraba «aliviado» por el hecho de que su madre «ya esté descansando» e insistía en que lo único que ha hecho es cumplir la voluntad de Ramona.

Sin embargo, el caso de esta mujer ha causado una amplia polémica en torno a la aplicación de la ley y ha reabierto el debate sobre la eutanasia.

Derecho a Vivir interpuso dos denuncias contra la consejera de Salud y el hospital Blanca Paloma, reclamando el restablecimiento de la sonda nasogástrica, y acusando a la administración y al centro hospitalario de un delito de inducción al suicidio y de omisión del deber de socorro. Las denuncias fueron desestimadas y se llegaron a presentar más de 25.000 firmas solicitando que se volviera a alimentar a Ramona Estévez.

Sin embargo, la asociación anunció ayer que no da por perdida la batalla legal. Mientras sus servicios jurídicos estudian el caso, la portavoz, Gádor Joya, aseguraba que a partir de ahora «cualquier enfermo puede ser tratado con la misma crueldad aplicada a Ramona». Este caso, según Joya, debe servir para que la población tenga en cuenta que a partir de ahora «cualquier enfermo que entre inconsciente en urgencias de un hospital puede enfrentarse a que un tercero decida si su vida merece la pena ser vivida».

Y la portavoz también insistía en que bajo ningún concepto van a permitir que haya «quien utilice una situación traumática para avanzar en una agenda ideológica radical e inhumana».

La familia de Ramona ha estado asesorada por la coordinadora de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Isabel Torres, quien ayer se mostraba contenta por el desenlace.

Torres aseguró estar satisfecha con la actuación del Gobierno autonómico en el caso y lamentó el «largo sufrimiento» que, a su juicio, ha tenido que vivir la familia de la paciente «como consecuencia de la presión ejercida por los grupos provida». Asimismo, expresó su deseo de que este caso «sirva al menos para que los médicos se conciencien un poco más, que sepan que la ley está ahí y que los enfermos, o en su defecto los familiares, están en todo su derecho de pedir que se aplique la norma». Sin valorar la lenta agonía de la paciente, ni la fuerza del organismo de la anciana por sobrevivir durante estos 14 días en los que no se le ha alimentado, Isabel Torres pidió incorporar la figura de la eutanasia desde ya en el ordenamiento jurídico español, «puesto que no hay por qué prolongar una situación así tanto tiempo en un paciente terminal, aunque no exista signos evidentes de sufrimiento del paciente, pero sí que los tiene la familia», añadió.

El fuerte rechazo social que ha supuesto la aplicación de la ley de muerte digna, ha venido provocado por el hecho de que con la retirada de la sonda la mujer moriría de hambre y deshidratación, y no por la enfermedad. Así las cosas, colectivos médicos y ciudadanos consideran este hecho como un claro caso de eutanasia. También la Iglesia lo considera así ya que el obispo de Huelva se pronunciaba hace sólo unos días para criticar el caso. José Villaplana intervino en el debate para mostrar su total oposición al considerar que toda acción dirigida a interrumpir la alimentación constituye un acto de eutanasia en sí. Mientras la muerte de la anciana causaba ayer una profunda consternación en Huelva, la polémica crece ante un caso que no deja indiferente a nadie.