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La respuesta de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, tras el jarro de agua fría de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha cogido a nadie por sorpresa y mucho menos a la Justicia, que el pasado julio recibió una notificación firmada por la propia titular de Enseñanza en la que avanzaba ya su intención de no acatar los cinco fallos del Tribunal Supremo (TS).
En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la consejera expone al alto tribunal autonómico una batería de estadísticas y estudios para intentar justificar por qué hasta la fecha ha hecho caso omiso de los pronunciamientos judiciales y arguye que la inmersión lingüística todavía es imprescindible para garantizar la igualdad entre las dos lenguas oficiales.
Rigau recuerda al TSJC que tanto la sentencia dictada por el Supremo como la del Constitucional (TC) sobre el Estatut —31/2010— «no han derogado ningún artículo de la normativa que regula esta materia», refiriéndose a la inmersión que impone el catalán como única lengua vehicular en los colegios. Añade que el mismo fallo del Constitucional «manifiesta que es perfectamente legítimo que el catalán sea el centro de gravedad del modelo lingüístico siempre que no se excluya al castellano», modelo que ha imperado en el sistema educativo de Cataluña desde los años 80. Desde entonces hasta ahora la lengua autonómica ha ido ganando terreno en las aulas en detrimento del castellano, que actualmente tiene el mismo tratamiento que el inglés.
En el escrito, la titular de Enseñanza se escuda en los datos del Barómetro de la Comunicación y la Cultura, que refleja el importante impacto que ha tenido la inmigración en el uso del castellano. Según estas estadísticas, sólo un 35% de la población de Cataluña mayor de 14 años tiene el catalán como lengua inicial, frente al 56,7% que tiene el castellano. La clave del documento se encuentra en la página 5, en la que la Generalitat concluye que por todo lo expuesto «entendemos que para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) hace falta continuar con el con el actual modelo educativo».
Acto seguido, constata que «el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana, no permite el cambio del modelo educativo actual si se quieren garantizar los mismos resultados que en la actualidad». En la misma misiva, el gobierno catalán hace referencia también al sistema de preinscripción y la famosa casilla lingüística, que todavía no ha restablecido pese a que hay sentencias que le obligan a ello. La Generalitat sigue sin dar a las familias la opción directa de marcar una opción para elegir la lengua de escolarización.
La respuesta que la Generalitat envió al TSJC ya indica una predisposición a no afrontar el verdadero fondo de la cuestión, que no es otro que la obligatoriedad, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) —y antes del TCl—, de dar al castellano categoría de lengua vehicular.
La justificación de siempre
No obstante, y a lo que se agarra el gobierno catalán, es al hecho de que el propio Supremo concede a la Generalitat la capacidad de decidir «en la proporción que proceda» el uso de ambas lenguas en la enseñanza «dado el estado de normalización lingüística en la sociedad catalana». A partir de este criterio, y tal y como ha repetido el ejecutivo catalán en numerosas ocasiones, la inmersión sigue siendo necesaria en tanto que es la única salida para garantizar un bilingüismo real. Al margen de interpretaciones, lo cierto es que Cataluña lleva años haciendo caso omiso al dictado judicial y piensa seguir en esta línea hasta que el juego legal se lo permita. Pese a la evidencia, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, señaló que la Generalitat «siempre aplica la ley», algo que desde hace tiempo no sólo le rebate la justicia sino miles de ciudadanos que se sienten excluidos.
