Ocho años de desencuentros entre el Gobierno de Zapatero y la Santa Sede

En este contexto viajará por tercera vez a España el Papa Benedicto XVI, que visitó por última vez el país en noviembre para peregrinar a Santiago de Compostela y consagrar la Sagrada Familia de Barcelona.

Esa visita estuvo precedida de unas polémicas declaraciones del Pontífice en el avión que le traía a España , en las que abogaba por reevangelizar el país al estimar que se vivía un anticlericalismo agresivo, como en la II República.

El Gobierno, aunque mostró su extrañeza por la comparación, evitó la controversia, optó por no hacer comentarios sobre esas palabras defendiendo la libertad de expresión y ratificó su total colaboración durante la visita.

Cuando el Papa llegaba a Santiago , Zapatero visitaba a las tropas españolas en Afganistán y el presidente del Gobierno tampoco asistió a la misa que se celebró en Barcelona , aunque sí se desplazó a la capital catalana para despedir al Pontífice con un "breve, pero cordial" encuentro , según dijeron entonces desde el Ejecutivo.

En esa cita explicó a Benedicto XVI que en su "fluida" relación con el Vaticano España actúa como un Estado aconfesional que reconoce el peso de la Iglesia, pero garantiza la libertad de todos.

Se cerró así un nuevo capítulo de la larga lista de enfrentamientos, más o menos públicos, que han mantenido los obispos con el Gobierno.

La decisión tomada a finales del año pasado de paralizar la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, largamente anunciada y que tendría como objetivo garantizar el laicismo del Estado, ha tranquilizado las relaciones en el último tramo de la legislatura. Apenas las ha vuelto a alterar la denominada Ley de Muerte Digna, en tramitación en el Congreso.

Aunque el presidente de la CEE y arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, consideró en un principio que no suponía una ley de eutanasia, los obispos la analizaron formalmente el 22 de junio y denunciaron que podría encubrir "prácticas eutanásicas".

Antes de esta norma, los encontronazos estuvieron protagonizados por otras novedosas y polémicas iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo, como la reforma del divorcio, la legalización del matrimonio homosexual, la experimentación con embriones, la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la reforma del aborto.

Los obispos llegaron a salir a la calle en una multitudinaria manifestación en defensa de la familia tradicional y respaldaron las movilizaciones en contra del aborto, una actitud a la que respondió el Gobierno recordando a la Iglesia que los encargados de legislar son el Ejecutivo y el Parlamento.

Mientras, las relaciones bilaterales entre el Gobierno y la Santa Sede se han desarrollado con "cordialidad" y se han basado en "la buena disposición" y la "colaboración", según han sostenido ambas partes tras los contactos institucionales mantenidos.

La encargada en el Gobierno de ese diálogo fue durante años María Teresa Fernández de la Vega , despedida con elogiosas palabras por la Conferencia Episcopal cuando abandonó el Gobierno, y su sucesor es el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.

A pesar de las discrepancias ideológicas, la relación ha dado importantes frutos, como el nuevo acuerdo de financiación para la Iglesia católica que eliminó la aportación directa del Estado y vinculó sus ingresos a las donaciones de los contribuyentes, pasando el porcentaje de asignación en el IRPF del 0,52 por ciento al 0,70 por ciento.

El acuerdo, criticado por fuerzas laicas de izquierdas, ha reportado en el último año a la Iglesia casi 250 millones de euros, correspondientes a las declaraciones de la renta de 2010.

Desde el pasado mes de abril España está representada ante el Vaticano por María Jesús Figa , la primera mujer que encabeza la embajada ante la Santa Sede y que sustituyó en el cargo a Francisco Vázquez.