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Técnicos del FMI, el BCE y la Comisión Europea se encuentran de nuevo en Lisboa en otra misión de asistencia a Portugal para prestar apoyo en la aplicación de las reformas estructurales. Además de evaluar el trabajo del Ejecutivo luso su presencia servirá para tranquilizar a los mercados que siguen muy de cerca lo que ocurre en el país vecino. Pero lo que realmente preocupa ahora a los portugueses es la fuerte subida de los transportes públicos, que ayer pasó a ser efectiva. Un aumento anunciado por el ministerio de Economía hace diez días y que ha supuesto en media un 15% más en el precio de los billetes. Además se va a realizar una gran reestructuración en las distintas entidades que controlan los transportes públicos.
Según las previsiones avanzadas por las empresas que explotan los trayectos en tren (CP), los autobuses urbanos (Carris), los metros de Lisboa y Oporto, así como coches de línea (SCTP) y barcos (Transtejo). Se estima que entre todas estas empresas van a recaudar hasta final de año 27 millones más en ventas, aunque se desconoce si la subida traerá un descenso en su utilización. Las primeras protestas se hicieron ayer notar tanto en Lisboa como en Oporto donde los usuarios de autobús y metro se manifestaron en distintos puntos de ambas ciudades. «Nuestro objetivo es protestar contra este brutal e inadmisible aumento de los precios», explicó Rui Ramos, uno de los portavoces del movimiento. «Es una auténtica acción terrorista contra el presupuesto familiar de los usuarios de los trenes», añadió.
Privatización ruinosa
Por otro lado, tras la venta del BPN al BIC por 40 millones, el Ministerio de Finanzas luso ha dado a conocer que el coste de la nacionalización de esta entidad financiera ha supuesto para el Estado un total de 2.400 mil millones de euros. La recapitalización del BPN, antes del cierre del negocio, ascenderá a 550 millones y el BIC pretende incorporar en el banco 750 de los 1.570 trabajadores actuales del BPN.






