La Junta extenderá el programa «Rehabilitare» a toda la Comunidad

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha invertido 1.976.929 euros en la rehabilitación de los cascos urbanos del medio rural de la provincia de Palencia. La iniciativa se enmarca dentro de un plan piloto que el departamento de Antonio Silván prevee extender esta legislatura al resto de provincias de Castilla y León, tal y como anunció en su comparecencia en las Cortes el pasado 26 de julio.

En concreto, dentro del plan «Rehabilitare» y gracias al convenio firmado el pasado 21 de mayo entre la Consejería y los ayuntamientos se están llevando a cabo actuaciones en ocho municipios de la provincia palentina. En total son 22 las viviendas en estado de abandono o sin uso que se encuentran en fase de rehabilitación, a las que hay que añadir tres más que aún se encuentran en proyecto en la localidad de Herrera de Pisuerga.

El objetivo principal es fijar población en el entorno rural y mejorar el casco urbano de los pueblos, al tiempo que permite la creación de empleo. De este modo, la Junta se compromete a redactar y supervisar el proyecto de rehabilitación, además de licitar, adjudicar, contratar, dirigir las obras y, por último, abonar el coste integro de las obras.

En contraprestación, los Ayuntamientos cederán la titularidad del inmueble a la Junta donde se lleven a cabo estas obras, además de otorgar las bonificaciones máximas en materia de tributos locales. Los consistorios recibirán de nuevo la titularidad del inmueble y serán los encargados de su mantenimiento y de la promoción de su uso para alquiler.

«Inquilinos preferentes »

Los beneficiarios serán determinados por los Ayuntamientos en función de las necesidades del pueblo, si bien hay colectivos que cuentan con preferencia, tal como recoge la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León. En concreto, estos «inquilinos preferentes» son las familias numerosas, las familias monoparentales con hijos menores de edad a cargo o mayores de edad en situación de dependencia, los jóvenes, las personas con discapacidad o unidades familiares en las que conviva alguna persona con discapacidad, las personas de 65 años o más, o las unidades familiares con personas de 65 años o más, las víctimas de violencia de género y las de terrorismo, así como otros colectivos en riesgo de exclusión social.

El coste varía según las condiciones del contrato. Con un arrendamiento a diez años el precio del metro cuadrado se sitúa en 4,86 euros, mientras que si el alquiler se firma a 25 años el metro cuadrado se reduce a 3,10 euros.

Para Silván este tipo de iniciativas son como «una lluvia fina» dentro del conjunto de las que se realizan a través de otros programas rurales. «Se trata de ayudar a acceder a la vivienda a los que tienen mayores dificultades, contribuir a un urbanismo sostenible y facilitar que familias jóvenes puedan vivir en los núcleos rurales si es su deseo», explicó el día de la firma del convenio.

Entonces, el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente también incidió en su agradecimiento a los ayuntamientos por el papel que han jugado en la colaboración institucional «porque son los que mejor conocen las necesidades de sus territorios para poder realizar pequeñas actuaciones sociales y garantizar el futuro de los pueblos».