Gobierno y PP, en guerra por 18.700 millones de deuda autonómica

En su primera demostración de fuerza, después del poder que le dieron las urnas en las últimas elecciones autonómicas, Rajoy reunió ayer a sus barones para diseñar una estrategia conjunta para hacer frente a Salgado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra hoy. En esta cumbre autonómica del PP, los barones reconocieron la expectación que se ha creado en torno a esta reunión, en la que Salgado se verá frente a frente, y prácticamente sola, con los consejeros de Economía y Hacienda de once Comunidades gobernadas por el PP. Todos coincidieron en la necesidad de convocar elecciones anticipadas «porque los problemas de confianza se solucionan con un cambio de gobierno».

Fruto de esta reunión ha sido la aprobación «unánime» , según señalan fuentes del PP, de una declaración donde plantan cara a la ministra de Economía, Elena Salgado. En este documento le ponen su condiciones para poder alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad presupuestaria y solucione las dificultades de financiación de las autonomías. Además, responsabilizan al Gobierno de la situación, por haber contribuido «al relajamiento y derogación de las normas de disciplina, transparencia y estabilidad presupuestaria».

Los populares parten de la convicción de que ha sido el Gobierno socialista el que ha permitido el endeudamiento, «a él no le viene de nuevas, ha autorizado el endeudamiento autonómico y local y ha hecho una previsiones que no eran reales» . Consecuencia de esa creencia de que España iba a crecer más y de que se iban a recaudar más ingresos, en definititiva, «errores de cálculo del Ejecutivo», según Rajoy, se adelantaron a cuenta una serie de cantidades a las Comunidades en los años 2008 y 2009 —más de lo que le correspondían porque era un dinero que no se estaba recaudando—, que ahora no pueden devolver en el periodo establecido, cinco años. Para intentar paliar este problema de liquidez que, a juicio del PP, «creó el Gobierno y él tiene que buscar soluciones», los populares piden que se amplíe a diez años el plazo de devolución.

La propuesta la lanzó Rajoy durante una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial y, posteriormente, fue ratificada por sus barones. El PP entiende que la aplicación de esta medida «no implicaría incremento alguno de la deuda pública, pero supondría unas menores necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas».

Como segunda medida para intentar frenar «el problema de liquidez que las autonomías tendrán a medio plazo» , como así lo reconocen fuentes populares, los barones autonómicos son partidarios de dar estabilidad a los flujos de tesorería. Con esta medida pretenden que, como ha sucedido ahora, el Gobierno no quite «de forma radical» el pago del dinero procedente de los fondos de competitividad y convergencia, aprobados con el nuevo sistema de financiación autonómico, alegando que no tiene dinero, sino que les dé un tanto por ciento para poder así saber qué dinero ingresan.

La tercera medida importante se refiere al establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado para que las Comunidades Autónomas puedan emitir deuda autonómica, si cumplen sus objetivos de estabilidad presupuestaria.

Para poder llevar a cabo estas tres medidas y hacer sostenible los servicios públicos, los populares proponen que el Gobierno lleve a cabo las reformas legislativas necesarias y ponga en marcha mecanismos para hacer más eficiente el Estado de las Autonomías . Uno de estos mecanimos sería una central de compras para rebajar precios.

Al margen de estas medidas, los populares si ven necesario que los gobiernos autonómicos que acaban de asumir el poder expliquen «a los ciudadanos la plena responsabilidad del Gobierno de España en la situación de liquidez de las cuentas de las administraciones públicas» y proponen «penalizar conductas irresponsables como, por ejemplo, la acumulación de “facturas en el cajón”».