Santa Cruz de Tenerife encabeza las cifras nacionales de empleo clandestino

El empleo clandestino sigue siendo uno de los principales problemas de las economías dependientes en exceso del sector terciario, es decir, de los servicios. Uno de los ejemplos más claros en el territorio nacional es Canarias. Tan es así, que el sindicato Comisiones Obreras hace ya tiempo que estableció en las Islas un observatorio para estudiar la situación. Una situación que en el primer trimestre del año, lejos de mejorar, empeoró sensiblemente, como evidencian los datos de la Inspección de Trabajo. De hecho en la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue en la que se descubrió el mayor número de trabajadores sin afiliar a la Seguridad Social de todo el país.

Las denuncias de los inspectores promovieron que escapasen del empleo clandestino o sumergido 1.710 personas. Para entender la magnitud de esta cantidad basta decir que la mayoría de comunidades autónomas —no ya provincias— quedan por debajo; en algunos casos incluso muy por debajo. De hecho el número solo es mayor en Andalucía, que tiene ocho provincias; Cataluña, con cuatro demarcaciones; y la Comunidad Valenciana (tres). En consecuencia, y por ejemplo, los inspectores detectaron en Santa Cruz de Tenerife más trabajadores empleados en la economía sumergida, los susodichos 1.710, que en toda la Comunidad de Madrid (1.236), y ello pese a que la región capitalina, obviamente, cuenta con muchas más empresas que la provincia occidental del Archipiélago.

La mayoría de esas casi 2.000 personas, como explican las fuentes consultadas por ABC, trabajan en la llamada «primera industria» canaria, esto es, el turismo, un subsector de altos niveles de temporalidad de la mano de obra —lo que de por sí siempre ha disparado el empleo clandestino— en el que ahora, y aunque haya esquivado bien la crisis, el miedo obstaculiza la contratación. Además, son muchos los extranjeros ocupados en los servicios, un colectivo que sigue desprotegido. En otras palabras: por una u otra razón, muchos empresarios de las Islas han aprovechado la coyuntura para ahorrarse el pago de las cotizaciones de sus plantillas, al menos de una parte.

Con todo, en la provincia de Las Palmas solo fueron 324 los casos de empleo sumergido que salieron a la luz.