La cadena sucia del acero

La foto que ilustra esta crónica es de una carbonera ilegal en Jacundá, en el interior del Estado de Pará, donde 96 hornos de barro queman la madera de árboles amazónicos, que en vez de ser preservados, se vuelven simple carbón para la producción de hierro-gusa, la materia prima del acero. Saliendo de los hornos avistamos hombres humildes que trabajan en condiciones deshumanas y precarias, sin registros laborales, sin equipos de seguridad, sin alojamientos, y sin derechos fundamentales, como el acceso al agua potable.

Carboneras como ésta alimentan desde Brasil la rueda mundial del acero, la misma que abastece al mundo con neveras, autos y aviones, sin que buena parte de los eslabones de la industria ni los consumidores, tomen conocimiento. En el municipio de Nova Ipixuna son más de 500 hornos echando humo negro en una selva que no puede respirar.

Según un estudio coordinado por el periodista Marques Casara, de la ONG Observatorio Social, más de la mitad del carbón usado por la siderurgia brasileña viene de esas fuentes, contaminando toda la cadena mundial del acero, en una trama de corrupción en la que participan empresarios, políticos y empleados públicos del gobierno de Pará. Casara y su equipo descubrieron que por lo menos cuatro empresas (Cosipar, Sidepar, Margusa y Gusa Nordeste), produjeron más de lo que sería posible a partir del carbón de los hornos legales, e incluye en esa rueda, gigantes mundiales como la minera brasileña Vale y las empresas Ford, GM, Toyota y Nissan, que según él informe, conocen los procesos.

«Quienes mueven eso tienen un altísimo poder de corrupción», dice Walmir Ortega, ex secretario de Medio Ambiente de Pará, que calcula que cuatro millones de metros cúbicos de carbón ilegal generan alrededor de 1,3 mil millones de euros. Ortega trató de moralizar el sector y duró poco tiempo en el cargo.

La lucha es sinfín. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), que fiscaliza el sector destruyó 120 hornos clandestinos entre marzo y mayo de este año.

Según el estudio, el sector siderúrgico brasileño percibe el riesgo de la producción ilegal de carbón y trata de ajustarse a las normas, que las obligan a plantar vegetación. Las empresas asumieron el compromiso de trabajar sólo con madera certificada a partir del año 2012. Pero son las mismas que en 2004 crearon el Instituto Carbón Ciudadano (ICC) para combatir la producción ilegal y el trabajo esclavo, y que se rindieron a la ilegalidad cuando la crisis del año 2008 apretó. Más un dilema que la industria debe resolver.