Quién es quién en el «caso Gürtel»

Exsecretario de organización del PP gallego hasta 1999 y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña, antes había sido director general de Caixa Galicia. Regentaba varias empresas de la tramas que fueron contratadas por ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP, como el de Boadilla del Monte y Majadahonda.

Pablo Crespo, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 1,2 millones de euros , habría asumido el pago de las prendas del «sastre de Camps, en una cuenta abierta a nombre de Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», responsable de Orange Market. Otras sociedades del grupo «que tenía importantes intereses económicos en sus relaciones» con la Generalitat, también habrían asumido los pagos.

Álvaro Pérez Alonso es amigo de Francisco Camps, como quedó demostrado con la publicación de sus conversaciones grabadas con el presidente de la Generalitat Valenciana. Conocido como «el Bigotes», fue el responsable de la empresa Orange Market y se encuentra en libertad tras ser imputado por cohecho y blanqueo de capitales.

Es la esposa de Francisco Correa y exjefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, también imputado. Ha asegurado ante el juez Baltasar Garzón que no tiene trato con su marido porque está en proceso de separación desde hace cuatro años y que desde 2001 está desvinculada de sus empresas. Actualmente se encuentra en libertad.

El magistrado instructor del denominado caso Gürtel, Antonio Pedreira, imputó a Felisa Isabel Jordán Goncet, al término de su declaración de más de cuatro horas. El juez Baltasar Garzón le imputó por los delitos de cohecho, falsedad, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Ya se encuentra en libertad, pero se la relaciona con tres de las empresas del entramado liderado por Francisco Correa: Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better y Easy Concept.

Es amigo íntimo del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, con quien compartió carrera y fundó al menos dos empresas: Natko, dedicada a actividades de Paintball, y Columela Gestión, asesoría de compraventa y cosntrucción de fincas rústicas. Está en libertad tras ser imputado por el juez Garzón.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha dimitido como presidente de la Generalitat , después de ser llamado a juicio por un delito continuado de cohecho pasivo impropio ante un tribunal popular, junto a otros exaltos cargos del Gobierno autonómico y exdirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la trama «Gürtel». Camps ha anunciado que deja su cargo «completamente inocente» y ha subrayado que lo que pretende es no ser «un obstáculo» para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, pueda ganar las elecciones. Esto ha ocurrido después de que Camps aplazara su paso por el tribunal para pagar la multa por el «caso de los trajes».

Durante la misma jornada, el exvicepresidente valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, también imputados, acudieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para aceptar la acusación en el citado «caso de los trajes» y aceptando la pena más alta.

El diputado en las Cortes y exsecretario general del PPCV, RicardoCosta, junto al responsable de Protocolo de la Diputación, Rafael Betoret , además de ser juzgados por la «causa de los trajes» de Francisco Camps, están pendiente de la instrucción que el TSJCV ha iniciado sobre la conocida como presunta financiación irregular del PPCV, y en la que sus nombres aparecen vinculados con delitos electorales y falsedad, en el primer caso, y prevaricación y cohecho en el segundo.

Ocupó el cargo de consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ha sido uno de los hombres más cercanos a Esperanza Aguirre. Garzón lo acusó de cobrar hasta 563.000 euros a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta madrileña a las empresas de Correa, especialmente a las firmas Servimadrid Integral y Easy Concept. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso una fianza de 750.000 euros en calidad de imputado.

Diputado regional y exportavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Es el segundo aforado imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se le impuso una fianza de 955.000 euros . Según recogen las conversación grabadas a Felisa Jordán, recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa. Recibió 314.166 euros de la empresa Special Events, gestionada por Correa. De esa cantidad 110.000 euros los recibió en metálico, 150.000 en una cuenta en Suiza, tres relojes, 40 viajes y los gastos de su boda con Esther Alvarado.

Diputado de la Asamblea de Madrid, ha sido el primer imputado del PP. A raíz de eso, fue destituido de la gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El juez del TSJM le impuso también una fianza de 955.000 euros. El juez le acusaba de cobrar unos 250.000 euros de la trama corrupta.

Alcalde de Arganda del Rey hasta que se vio obligado a dimitir el 6 de marzo de 2009, Garzón le acusa de percibir 523.439 euros en concepto de comisiones por adjudicar contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, S.L., durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración. Según cuentan, disfrutó de viajes a Orlando, Cádiz y Mallorca abonados con fondos de la Caja B de la trama.

Un informe policial incorporado al sumario desvela que la trama de corrupción pagó en 2003 y 2004 estancias en hoteles y billetes de avión o tren al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y a su familia por valor de 27.992 euros a través de la agencia de viajes Pasadena. Se da la circunstancia que entonces, estaba casado con la dirigente del partido Ana Mato. Fue alcalde desde 2003 hasta 2009 y está imputado por haber cobrado de la trama un total de 422.992 euros. Gürtel le pagó en viajes por 28.000 euros.

El magistrado que investiga la rama madrileña de la trama Gürtel, Antonio Pedreira, imputó al exalcalde de Boadilla por un delito contra la hacienda pública. Presionado por su partido, que le dio por dimisionado cuando él sostenía que no había dimitido, dejó su cargo como alcalde después de saberse que era frecuentemente citado en las grabaciones de Francisco Correa. También fue imputada a su esposa Elena Villarroya por el mismo delito.

Exalcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005 -fechas en las que su jefa de gabinete fue Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas-, Garzón le imputa al considerar que aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Además Ortega fue gerente del Mercado Puerta de Toledo hasta que saltó a la luz el escándalo, cuando él mismo presentó su dimisión.

Padre del e urodiputado del PP Gerardo Galeote , también salpicado por la trama, podría haber recibido 612.506 euros durante su etapa de concejal en el municipio madrileño de Boadilla del Monte entre 2002 y 2004. El TSJ de Madrid le ha impuesto una fianza de un millón de euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de su actuación.

El tesorero del PP dimitió «por lealtad» al partido y a su líder, Mariano Rajoy , y de común acuerdo con él, por su implicación en la trama. El juez Garzón le atribuye los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y contra la Administración Pública al facilitar las actividades delictivas de la trama gracias a su cargo. El magistrado cifra en 1.353.000 euros la cantidad posiblemente percibida. La inocencia proclamada por Bárcenas quedaba en entredicho al destapar algunos medios su elevado patrimonio inmobiliario , que no concuerda con los ingresos que genera por su puesto.

El exeurodiputado del PP, Gerardo Galeote, recibió pagos mensuales de las empresas relacionadas con Gürtel a modo de salario o sueldo desde octubre de 1996 y hasta septiembre de 2000, según refleja un informe de julio de 2009 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. Excluido en la última lista a las elecciones del 7 de junio, el juez Garzón le atribuye delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, contra la Administración Pública y cohecho, aunque la Fiscalía dice no haber indicios en su contra. Podría haber percibido «directa o indirectamente» 652.310 euros.

Ha asegurado a los medios de comunicación tras estallar el caso que Francisco Camps «jamás ha pagado un euro en la tienda» y que el presidente valenciano le ha llamado en reiteradas ocasiones «muy nervioso para saber si había facturas a su nombre». Despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba como dependiente, no como sastre, supuestamente por emitir facturas falsas , sostiene que hizo a Camps «unos ocho trajes». Los pagaba en metálico el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo.

Asimismo, el sastre José Tomás ha mostrado este viernes su satisfacción al conocer que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será juzgado por la conocida «causa de los trajes». El sastre ha asegurado que ha querido mucho a Camps pero que durante este proceso le ha demostrado cómo es, «que mintió y quiso matar al mensajero».