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La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) ha aconsejado a sus asociados, es decir, los ayuntamientos de Castilla y León, que hasta que los tribunales no aclaren la situación de la Sociedad General de Autores (SGAE), investigada actualmente por presuntos de delitos de apropiación indebida y desvío de fondos, retengan las cantidades que le adeudan. Tal y como ayer adelantó ABC, la agrupación se ha dirigido mediante un comunicado a las corporaciones locales, en el cual considera «prudente» que «las instituciones públicas» no «sigan contribuyendo» con sus fondos «a favorecer el comportamiento presuntamente delictivo» de algunos miembros de la SGAE.
La agrupación que reúne a todas las corporaciones locales castellano y leonesas emitió este comunicado sólo un día después de que tres ayuntamientos (Burgos, Zamora y Ávila) decidieran declararse en rebeldía y plantarse ante el canon que deben formalizar en concepto de derechos de autor ante la sociedad, por lo menos hasta que ésta clarifique su situación. Precisamente ayer otro ayuntamiento, en esta ocasión el vallisoletano, se sumaba a las filas de los «rebeldes» y anunciaba que por el momento retrasará el pago de sus facturas. En declaraciones recogidas por Ep, el alcalde Javier León de la Riva abogó por que todos los ayuntamientos españoles vayan «por la misma senda» con respecto al pago del canon a la SGAE, si bien se mostró partidario de la «prudencia», pese a que —añadió— la tasa impuesta desde la sociedad «siempre» le ha parecido «un auténtico robo».
ABC se puso ayer en contacto con el delegado territorial de la SGAE en Castilla y León, José Méndez, que rehusó valorar las decisiones adoptadas por los cuatro consistorios castellano y leoneses y tampoco quiso explicar las consecuencias que podrían acarrearles remitiendo a este periódico a la sede madrileña, donde fuentes de la Sociedad señalaron que «si no se produjera el pago por parte de los ayuntamientos, la SGAE se vería obligada a reclamar las deudas por las vías oportunas».
Ejercicio responsable
Para las mismas fuentes, «no tiene nada que ver el ejercicio responsable» al que están obligados los consistorios «en cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual» con la investigación abierta en la Sociedad Digital de Autores y Editores (entidad adscrita a la SGAE) cuyo director, José Neri, uno de los directivos implicados, ya ha sido destituido, mientras que el pasado martes presentaba su renuncia el presidente de la SGAE, Teddy Bautista.
La situación de la Sociedad, así como la posibilidad de retener la tasa que tienen que adeudarle mes a mes, fue también uno de los temas tratados en la reunión que mantuvieron en la tarde de ayer los hosteleros vallisoletanos. Su presidente, José Ramón Alonso, entiende que la decisión de «plantarse» ante el canon debe ser nacional, ya que es la Federación de Hostelería la que negocia con la SGAE. No obstante, recuerda que los empresarios del sector han venido denunciando «históricamente» los cobros abusivos de la entidad —200 euros al año, como mínimo, por establecimiento, aunque luego depende de su capacidad, de las televisiones que tenga o si reproduce música, entre otras condiciones—, si bien no quiere decir que estén en contra de los derechos de los autores, «aunque al parecer eran los menos beneficiados».
Cuotas «exageradas»
En parecidos términos se manifestó el representante de los hosteleros castellano y leoneses, Esteban Díez, para quien aún es pronto para saber si las presuntas irregularidades de la SGAE darán pie a que los empresarios se movilicen. Díez calificó de «batalla perdida» la lucha mantenida durante años con la SGAE, que les ha llevado a denunciar sus «exageradas» cuotas, sin embargo, «quien sabe, esta situación puede dar un vuelco».
Quienes también se mantienen «a la expectativa» son los empresarios de discotecas y salas de fiestas de Castilla y León. Su presidente, Javier Garmón, dice que el tema ya fue tratado en la reunión mantenida hace unos días por la junta directiva, justo cuando se conocieron las investigaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, y se decidió continuar pagando el canon «por miedo a acumular seis meses o más de deuda, y luego tener que pagarla cuando se resuelva la investigación». En cualquier caso y aunque —recordó— «sus cantidades no son tan altas como las de los ayuntamientos», en la asociación se ha planteado que «sería un buen momento para negociar a la baja» esta tasa.
