El partido de Artur Mas apela a la insumisión si no hay pacto fiscal

Primero fue la insumisión judicial —sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto— y ahora, la fiscal. En un momento crítico para la economía española, Convergència azuza el debate sobre la insumisión fiscal como medida de presión para lograr que Cataluña logre la independencia financiera. Es decir, un concierto económico similar al del País Vasco. La amenaza del cierre de cajas —inspirada en la medida llevada a cabo en 1899 por numerosos industriales catalanes consistente en no pagar impuestos al Estado— ya fue planteada en su día por el ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en el supuesto de que el TC recortara el Estatuto. Ahora ha sido Òmnium Cultural, una asociación independentista que recibe al año una media de un millón de euros en subvenciones, la que ha recuperado esa idea de la insumisión fiscal con motivo de su 50 aniversario. Idea que también secunda el número dos de CDC, Oriol Pujol, y ahora vuelve a avalar.En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pujol afirmó que «muy probablemente», si el Gobierno le niega a Cataluña el concierto económico, apoyará la insumisión fiscal: «No me atrevo a decir que no se hará», dijo. No obstante, asegura tener la «esperanza de que, antes de cuatro años, el pacto fiscal será una realidad» y no se tendrá que tomar esta drástica medida.

Según Pujol, en los próximos años Cataluña debe poner el acento en la «negociación política» con el Gobierno que salga de las urnas y no descarta un «referéndum» catalán sobre el pacto fiscal. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CDC), contribuyó a la discusión tildando de «perverso» y de «tomadura de pelo» el trato fiscal que recibe Cataluña.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, fue mucho más tibio en su reacción a la propuesta de Ómnium, que calificó de «interesante», aunque insistió en que el gobierno catalán no tiene ningún «plan B o C» en el supuesto de que su proyecto de pacto fiscal no prospere pues, de lo contrario, Cataluña negociaría ante el Gobierno con todas sus cartas al descubierto. La consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal —elegida a propuesta de UDC—, advirtió de que «aunque yo no quiera pagar, lo acabaré haciendo. Los mecanismos de defensa de las instituciones públicas me vaciarán la cuenta corriente. Es un tema que hay que pensar bien».