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administración

Galicia derrocha 46 millones al año en su red de organismos duplicados

Los consejos, fundaciones y entes autonómicos con un equivalente de rango estatal destinan el grueso de su presupuesto a las propias plantillas. La crisis aviva el debate sobre la necesidad de prescindir de estos entes a todos los niveles

E. AMADO

La Xunta destinará durante este año más de 46 millones de euros (46,45, exactamente) al mantenimiento de la red de organismos, entes y sociedades públicas con actividad en Galicia y una institución equivalente a nivel nacional, a la que a menudo solapan o cuya misión acaparan.

A su llegada a la Xunta, el nuevo equipo de Gobierno de Feijóo anunció un profundo plan de reajuste de la llamada «administración paralela», cuyo primer paso fue introducir sus partidas económicas dentro de la Ley de Presupuestos para su mejor fiscalización. En una primera fase, se planeó un recorte de 46 entidades periféricas y la refundación de otras dos, con un ahorro de 10 millones de euros anuales. Ya reformados, o en vías de ello, los conocidos como «chiringuitos», el debate político, y no exclusivamente en Galicia —donde ya se ha debatido, por ejemplo, sobre el Valedor do Pobo—, va ahora más allá. Porque al igual que sucede con las diputaciones, la tijera se cierne ahora sobre organismos otrora intocables: hace unas semanas, María Dolores de Cospedal anunciaba en Castilla-La Mancha la supresión y devolución al Estado de las competencias del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social (CES), tres organismos de control al gobierno regional cuyo ejercicio garantiza la administración central en otras regiones (Madrid, Baleares, Cantabria y Extremadura no tienen Defensor propio; Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Baleares, Navarra, Ceuta y Melillano tienen ningún órgano de Competencia; y Melilla no tiene CES).

El listado de organismos incluye consejos asesores y de control, agencias reguladores, mesas de negociación e incluso sociedades mercantiles que actúan en áreas donde ya existe un equivalente nacional.

El Consello de Contas, que nombra el Parlamento, está encargado de velar por la buena gestión de los presupuestos de las administraciones públicas en Galicia. Su tarea a la hora de controlar la excesiva deuda no ha resultado. Tiene en 2011 ingresos, según recogen los Presupuestos, de 7,57 millones (en personal invierte 5,29). La oficina del Valedor do Pobo, que encabeza Benigno López, recibe este año 2,04 millones, destinados en gran parte a personal (1,55). Es un cargo nombrado por el Parlamento por 5 años, En una de las últimas reformas se añadieron tres vicevaledurías.

El Consello Consultivotiene ingresos, según recogen los Presupuestos, de 2,165 millones (la plantilla percibe 1,668 millones: 506.468 euros, en altos cargos y delegados). Después de una reforma hecha por Touriño, los expresidentes de la Xunta se garantizan estadías determinadas en relación al número de legislaturas en el cargo. El propio Touriño propuso a cinco integrantes del mismo en 2008.

El Consello Galego de Relacións Laborais, un ente público para el diálogo institucional entre sindicatos y empresarios, percibe 1,353 millones, precio del diálogo social en Galicia.

El Consello Económico e Social, traslación del Consejo económico y Social, debe «facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, económica, social y cultural» con 787.771 euros. Lo han cercenado: tenía 1,125 millones en 2009.

El Instituto Galego de Estadística (IGE), que viene a desarrollar el punto 6 del artículo 27 del Estatuto de Autonomía, tiene unos ingresos en este año, según recogen los Presupuestos, de 4,297 millones. En personal, el IGE invierte bastante más de la mitad de los mismos, 2,96 millones. De sus cuentas, 2.000 euros corresponden a intereses de depósitos bancarios, y el resto a transferencias corrientes y de capital de la administración autonómica. El Tribunal Gallego de Defensa de la Competenciatiene ingresos, según recogen los Presupuestos, de 560.146 euros. A su plantilla destina 385.993 euros. El grueso de sus gastos los afronta la Xunta (556.646 euros en transferencias corrientes), excepto 3.500 euros derivados de intereses bancarios.

El Instituto Galego de Consumo percibe una asignación, según recogen los Presupuestos, de 6,652. En personal invierte hasta 4.791.675 euros. Hay que reflejar que una partida de 500.000 euros del total presupuestado parte directamente del bolsillo de los ciudadanos, a través del cobro de sanciones impuestas por las consellerías (otros 15.000 euros en intereses de depósitos).

El Instituto Enerxético de Galicia (Inega), con equivalente nacional, tiene presupuestados 6,162 millones, y Turgalicia, la sociedad de promoción turística de la Comunidad, recibe 3,118 (su antagonista, Turespaña). El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con funciones similares al ICO y otros organismos estatales, tiene asignados 6,505 millones en transferencias de la Xunta, más 2,583 para «fomento del desarrollo del capital humano».

El Instituto Gallego de Calidad Alimentaria recibe 2,703 millones de la Xunta (y más partidas del Gobierno central y de a Unión Europea). Hay servicio nacional equivalente. El Consorcio Instituto de Estudios Turísticos gestionará hasta final de año 3.906 millones de euros inyectados por la Xunta. El Ministerio de Industria mantiene un instituto homólogo. Cooperación Galega, de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores, tendrá algo más de 8 millones. Su función es similar a la de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

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