Cae el ministro japonés de la reconstrucción tras el tsunami

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Matsumoto, durante el anuncio de su dimisión

Es el puesto más importante del Gobierno japonés en estos momentos y sólo ha durado en el mismo una semana, batiendo un nuevo récord en las dimisiones exprés que caracterizan a la política nipona. El ministro encargado de la reconstrucción tras el tsunami del pasado 11 de marzo, Ryu Matsumoto, dimitió ayer tras un par de comentarios desafortunados que han revelado su falta de tacto para mitigar la catástrofe, que dejó más de 22.600 muertos y desaparecidos y provocó en la central nuclear de Fukushima unas fugas radiactivas que durarán hasta principios del próximo año.

En primer lugar, Matsumoto reprendió por llegar tarde a una reunión a Yoshihiro Murai, gobernador de la prefectura de Miyagi, una de las más devastadas. Y al gobernador de Iwate, Tayuka Tasso, le amenazó con retirarle las ayudas gubernamentales si no aportaba buenas ideas para la reconstrucción de los pueblos de la costa borrados por las olas gigantes, que llegaron a ser de hasta 15 metros. Al darse cuenta de que las cámaras de televisión habían grabado sus salidas de tono, presionó a los periodistas para que no difundieran sus declaraciones, pero éstos no le hicieron caso y han desatado un gran escándalo.

La renuncia de Matsumoto supone un nuevo revés para el cuestionado primer ministro nipón, Naoto Kan, y su criticado plan de reconstrucción, que avanza a duras penas. Casi cuatro meses después del tsunami, la costa noreste de Japón sigue en ruinas y más de 120.000 evacuados continúan viviendo en refugios temporales, lo que ha enervado a los alcaldes de pueblos gravemente afectados.

Tras destinar en mayo un primer presupuesto extraordinario de 4 billones de yenes (34.064 millones de euros) para realojar a los damnificados y reparar infraestructuras, el Gobierno aprobó ayer una segunda partida por la mitad de ese importe. De esos 2 billones de yenes (17.038 millones de euros), 800.000 millones de yenes (6.815 millones de euros) irán a parar a la reconstrucción de viviendas y 275.000 millones de yenes (2.343 millones de euros) a solventar la crisis nuclear de Fukushima, incluyendo indemnizaciones y chequeos médicos para los 80.000 evacuados que vivían a unos 20 kilómetros de la siniestrada planta atómica.

Con el fin de no elevar la abultada deuda pública, que ya es el doble de los 3,3 billones de euros que suma el Producto Interior Bruto nipón, el Gobierno aprovechará los fondos recortados de las partidas sociales de este año y recurrirá a nuevos impuestos.

La factura del desastre

Para su aprobación definitiva, el Ejecutivo planea remitir este nuevo presupuesto al Parlamento a mediados de este mes. Pero la oposición, que ostenta la mayoría en la Cámara Alta de la Dieta, ya ha amenazado con bloquearlo si no dimite el primer ministro, cuya maltrecha popularidad ha vuelto a hundirse un 20 por ciento en las últimas encuestas.

Tras sobrevivir a una moción de confianza, la intención de Naoto Kan es mantenerse en el cargo hasta encauzar la peor crisis que, a raíz del tsunami y las fugas radiactivas de Fukushima, sufre el imperio del Sol Naciente desde la Segunda Guerra Mundial. Kan ya ha anunciado que dimitirá en los próximos meses, pero antes pretende sacar adelante otra partida presupuestaria aún mayor para la reconstrucción y un plan para potenciar las energías renovables y que Japón no dependa tanto de sus 54 reactores nucleares, que aportan un tercio de su electricidad.

Con unos daños que ascienden a 230.000 millones de euros, sobre todo en la industria e infraestructuras eléctricas, el tsunami de marzo no es sólo el desastre natural más caro de la historia, sino que restará un 4 por ciento al PIB.