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18 detenidos por falsificar documentos a irregulares

Todos son indios y paquistaníes que residían en Motilleja y Villalgordo del Júcar

ABC

ALBACETE

La Policía Nacional ha desarticulado una banda de ciudadanos indios y paquistaníes que se dedicaba a facilitar documentación falsificada a compatriotas en situación irregular en España para que pudieran trabajar en tareas agrícolas.

La operación, denominada Mavel y que ha desarrollado la Policía Nacional de Albacete, en colaboración con efectivos de Madrid y Valencia, se ha saldado con dieciocho detenidos.

Según informó el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, los contratos se formalizaban a través de una empresa de trabajo temporal de Valencia y los trabajos eran para explotaciones agrícolas de Albacete.

El cabecilla de la organización, que se encuentra entre los detenidos, llegaba a cobrar hasta el 50 por ciento del salario a los trabajadores por facilitarles la documentación falsa o, en algunos casos, alquilada a otros ciudadanos de la misma nacionalidad.

Todos los detenidos son indios y paquistaníes, indicó Díaz-Cano, quien detalló que la operación comenzó hace unos meses, y que fue la Policía Nacional de Valencia la que dio la voz de alarma a la de Albacete al detectar cierto número de contratos gestionados por las mismas personas. Desde Albacete se puso en marcha entonces la investigación para comprobar dónde trabajaban y su situación verdadera.

Así, detectaron ciudadanos de las citadas nacionalidades que residían en dos naves de las localidades albaceteñas de Motilleja y Villalgordo del Júcar y, tras seguirles la pista, se localizó en explotaciones agrarias de la provincia a 57 personas trabajando en la campaña del ajo.

Tras identificarlos, los agentes comprobaron que doce tenían documentación falsa o de otras personas y fueron detenidos. Además, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas el cabecilla de la banda, y varios cooperadores necesarios.

Los arrestados están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, en el caso del cabecilla, y de falsificación documental, usurpación de estado civil e infracción de la Ley de Extranjería en el resto de los casos.

Díaz-Cano, que estuvo acompañado por el subdelegado del Gobierno en Albacete, Manuel González Ramos, destacó que se trata de «una operación brillante que pone de manifiesto el interés de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por velar por el bien de los trabajadores».

A preguntas de los periodistas, explicó que la Policía Nacional no tiene constancia de cuántos trabajadores más se podrían haber visto afectados por esta organización.

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