La Justicia tunecina condena a Ben Alí y a su mujer a 35 años de cárcel
El ex presidente y su pareja han sido considerados culpables de robo y de tenencia ilícita de dinero y joyas
Un tribunal tunecino ha sentenciado este lunes a 35 años de prisión y al pago de una multa de 91 millones de dinares (unos 46 millones de euros) al ex presidente Zine al Abidine Ben Alí y a su mujer, Leila Trabelsi, juzgados en rebeldía y considerados culpables de robo y de tenencia ilícita de dinero y joyas. El veredicto, leído por el juez tras un día de deliberaciones, no contempla los cargos de posesión ilegal de drogas y armas, sobre los cuales la Justicia se pronunciará el próximo 30 de junio, según un reportero de Reuters presente en la sala.
El juez Touhami Hafian ha contado durante la vista que los investigadores que entraron en el palacio presidencial y en el domicilio de Ben Alí cuando éste abandonó el poder y huyó a Arabia Saudí, el pasado 14 de enero, encontraron 1,8 kilos de drogas y 43 millones de dinares tunecinos (21,7 millones de euros) en efectivo. También descubrieron joyas, objetos arqueológicos y armas, todos obtenidos ilegalmente, según el magistrado.
El fiscal pidió que se le impusiesen «los castigos más severos a quienes traicionaron la confianza del pueblo y le robaron su dinero para su beneficio personal». «Durante 23 años no dejaron de robar», ha afirmado.
En un comunicado leído por sus abogados, el ex presidente denunció que los cargos son inventados con el objetivo de manchar su reputación. Ben Alí ha indicado que las armas eran regalos de otros jefes de Estado y que las joyas eran presentes que recibió su esposa de dignatarios extranjeros. En cuanto al dinero y las drogas, el comunicado dice que alguien los colocó en el palacio presidencial cuando Ben Alí se marchó para tenderle una trampa. También ha negado poseer cuentas bancarias en Suiza o en otros países y propiedades en el extranjero. En un juicio que se celebrará en un tribunal militar tunecino posteriormente, Ben Alí se enfrentará a varios cargos, como el de conspiración contra el Estado y homicidio por la muerte de manifestantes durante las revueltas contra su Gobierno. El ex dirigente ya ha negado en el comunicado haber ordenado a la Policía que disparase contra los manifestantes a las afueras de la capital, causando la muerte de cientos de personas en un periodo de tres semanas.
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