TAL y como establece el inefable teorema que formuló en su día la latinista Carmen Calvo, el dinero público se puede gastar «ad libitum» puesto que, a fin de cuentas, no es propiedad de nadie. La afirmación, sin duda, fue imprudente o, cuando menos, pecó de descarada. Pero, aun así, aun admitiendo que la ex ministra de Cultura nunca se distinguió por cultivar la diplomacia, justo es reconocer que no escurría el bulto y que su desparpajo, ahora, resulta casi entrañable. Y, a la larga, anticipo de lo que ha dado en ser teoría general del Estado en el zapaterismo. «O tempora, o mores!». Quién nos iba a decir que, al cabo de un suspiro, después de un fugaz trasbordo del César a la nada, la beata ignorancia de la señora Calvo acabaría encarnado el mal menor frente al alarde de estulticia encampanada de la actual ama de llaves del prestigio y las dádivas. Del pisto y de la pasta.
Dicho lo cual (incluso «dixie» y «pixie», a mayor abundancia), volvamos al turrón antes de que nos den las campanadas y el discreto lector se empache y nos despache. La justificación, si es que la hubiere, del excurso anterior, la trocha que conecta el presente y el pasado, es la que serpentea en los abismos del poder, la que franquea lodazales y aminora los páramos, esa que, en algún punto del camino, equipara al figurón y al figurante. Allá donde la ministra de los dibujos animados dejaba huérfano al dinero para mejor disfrute de los amigos, el candidato y ministro de Interior que ejerce de Presidente en funciones erige una teoría general de la res publica. Y lo de que el dinero público no sea de nadie se queda en gracia dicharachera al lado del primordial descubrimiento de Rubalcaba: la calle no es de nadie; no son de nadie ni la ley ni el orden, ni las plazas o calles. De nadie. Sobre todo, no son del ciudadano. Ni tiene potestad alguna el Estado para garantizar su común servicio. El dinero público era —en doctrina carminiana— para el primer amiguete que lo trincara. La calle es —en rubalcábido axioma— para aquel que tenga las santas narices de apropiarse de ella. Eso ignoran las reaccionarias mentes que se atreven a exigir al Estado que ejerza su autoridad, esa auctoritasa la cual daban los clásicos el sentido de «garantía» para todos. La garantía que sólo sobre la dignidad de quien la ejerce podía ser fundada.
Pero no existe auctoritas en este país nuestro a la deriva, donde por no existir no existe ya ni Estado. Y hay un fondo de verdad siniestra en la confusión que Rubalcaba exhibe entre «autoridad» y «autoritarismo». Sólo la dignitas puede distinguir entre ambos. Sólo la dignidad de los representantes políticos hace, en una democracia, legítimo y necesario el uso justo de la autoridad. Los autores del Diccionario de Autoridades —el primero y mejor de los de lengua castellana— no se engañaban cuando, en 1726, definían la autoridad como «excelencia, representación, o estimación adquirida, o por la rectitud de la vida y eminencia de la virtud, o por lo respetable de la nobleza y de la edad, o por lo grande de la sabiduría, poderío, honor y otros títulos que hacen a uno digno». Sin dignitas, autoridad y autoritarismo son lo mismo: así sucede en el mundo de Rubalcaba.
