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Expropiación a los profesionales

La pensión es un derecho del ciudadano, y quien cumpla las condiciones legales para recibirla no tiene por qué verse privado de ella

Día 15/06/2011

EL objetivo de reducir el gasto público ha llevado al Gobierno a cometer un grave error que afecta a cientos de miles de profesionales que, simultánea o anteriormente al ejercicio de su actividad liberal, han cotizado a la Seguridad Social. Según una orden del Ministerio de Trabajo, publicada en mayo pasado, un profesional no podrá cobrar su pensión pública y, al mismo tiempo, ejercer su profesión, como sucedía hasta ahora. Esta incompatibilidad de ingresos implica la expropiación temporal de un derecho económico adquirido por estos profesionales, que legítimamente aspiraban a percibir una renta de jubilación junto con los ingresos ganados en su actividad privada. El planteamiento del Gobierno no puede ser más equivocado ni injusto. Es equivocado porque, por lo general, la actividad liberal de estos profesionales supone para el Estado unos ingresos fiscales asegurados, por IVA o, en todo caso, renta de las personas físicas. La experiencia demuestra que estas dedicaciones profesionales por personas de amplia trayectoria tienen valores añadidos en los sectores a los que se dedican y propician contrataciones de profesionales más jóvenes. Es injusto, por otro lado, porque pone a estas personas en una disyuntiva que no deberían sufrir, después de una larga vida profesional y laboral. La pensión es un derecho del ciudadano, no es una concesión del Estado, y quien cumpla las condiciones legales para recibirla no tiene por qué verse privado de ella. Menos aún si la excusa es que el afectado sigue trabajando como profesional liberal, no con cargo al Estado.

El Gobierno da bandazos para recortar su déficit y desprecia los efectos de rebote que tienen sus decisiones. Lo que suponga de ahorro en pensiones para los que sigan trabajando se perderá, en más o en menos, por los ingresos fiscales que dejen de percibirse por quienes renuncien a mantener su actividad profesional. O por quienes lo sigan haciendo a escondidas de la administración tributaria. Es un nuevo ejemplo del sentido intervencionista del Gobierno y de falta de confianza en los resortes de una sociedad moderna, que no puede fiar su empleo a la contratación precaria en el sector de la hostelería, mientras, al mismo tiempo, se disuade a buenos profesionales bien de percibir la pensión por la que legítimamente han cotizado durante décadas, bien de continuar con una actividad profesional —rentable para ellos y rentable para el Estado— para cuyo ejercicio se encuentran en las mejores condiciones.

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