«¿Por qué están en Sol? ¿Por qué no van a La Moncloa?» se preguntaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la primera semana de acampada del movimiento 15-M. Justo un mes después, los indignados han cambiado -como ella pedía- de lugar de protesta. Pero no se han marchado hasta la residencia del presidente del Gobierno, sino que ahora acuden a las puertas de ayuntamientos, sedes autonómicas y al Congreso, con la intención de paralizar la actividad parlamentaria con sus sentadas.
En un mes de movimiento durante el que sus protestas no han tenido respuesta en la clase política, los «indignados» han pasado a orquestar acciones que buscan en unos casos detener recortes que ya están en marcha y en otros buscan, simplemente, presionar a los cargos electos.
La nueva estrategia comenzó con la sentada ante el Congreso
El viernes, la acción se trasladó a Valencia, donde se constituían las Cortes Generales. Una sentada intentaba dificultar el paso a los diputados electos. Todos pudieron pasar sin problemas, aunque mientras tanto la Policía Nacional cargaba contra los allí sentados y detenía a cinco personas.
El sábado 11 de junio el objetivo era presionar a los concejales en sus tomas de posesión. En Madrid, donde se congregaban más personas, intentaron bloquear la salida de los cargos en coche oficial desde la Casa de la Villa hasta el Palacio de Cibeles. Lo tuvieron que hacer a distancia, debido a que la Policía Local había acordonado horas antes los accesos, y lo ejecutaron también sentados, sin violencia. La Policía Nacional acabó abriendo paso a los coches de los concejales arrastrando uno a uno a los manifestantes.
Ese mismo día, los alcaldes de otros Ayuntamientos también sufrieron abucheos de la ciudadanía, como el primer edil del PP en Hospitalet de Llobregat, Xavier García Albiol. Aunque no hubo agresiones físicas.
Amenazas en Cataluña
«Cualquiera con dos dedos de frente puede comprobar que esto, sin duda, va a ir in crescendo», decía Aguirre el mismo día que sugería que los «indignados» marcharan a La Moncloa.
El punto de inflexión puede estar produciéndose hoy en Barcelona, cuando otra convocatoria de sentada buscaba parar la votación a los recortes en los presupuestos que pretende aplicar el Gobierno de CiU en Cataluña.
Aunque el Parque de la Ciudadella, donde se encuentra el Parlament, fue acordonado anoche, miles de personas han intentado impedir el acceso a los diputados autonómicos, que han sido recibidos con abucheos. Y algunos han traspasado la línea de la agresión física, pintando las vestimentas de los parlamentarios cuando intentaban entrar.
Debido a la situación, algunos diputados han tenido que acceder al lugar en furgones de los Mossos y en helicóptero. Además, se ha cambiado el orden de la actividad parlamentaria, por lo que los manifestantes han incurrido en un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que prohíbe manifestaciones ante órganios de gobierno autonómicos si «alteran su normal funcionamiento».
Este domingo, 19 de junio, el objetivo será de nuevo otra institución política: el Congreso de los Diputados. Aunque la protesta se prevé multitudinaria, ese día no habrá actividad parlamentaria, por lo que la protesta es simbólica y no incurrirá en delito. Siempre que los manifestantes actúen, como había pasado hasta ahora, de forma pacífica. En caso contrario, la Policía tendría que intervenir «con firmeza», como ya apuntó la semana pasada el ministro del Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba.
