La guerra del tabaco fuerza al Gobierno a revisar su fiscalidad

De hecho, según cálculos del sector, el impacto de la guerra comercial en las arcas públicas será de unos 200 millones de euros. Y si a esta cifra unimos la caída de la recaudación que ya se venía produciendo en los primeros meses del año como consecuencia de la nueva ley del tabaco, las pérdidas anuales podrían superar los 1.000 millones.

Ante esta situación, el Gobierno se plantea revisar la fiscalidad del tabaco para evitar unas pérdidas recaudatorias que vienen a abrir un nuevo agujero en unas ya deterioradas cuentas públicas. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha rechazado que pueda producirse un cambio inminente en la fiscalidad del tabaco, pero fuentes del Ejecutivo reconocen que se podría abordar el asunto en los Presupuestos de 2012.

De momento, parece que la guerra comercial entre las principales compañías tabaqueras ha llegado a su fin o, al menos, está dando los últimos coletazos.

Tras la tercera rebaja de precios consecutiva que Philips Morris aplicaba a sus principales marcas la pasada semana, Altadis respondía con una reducción de precios en solo algunas de sus marcas, como Ducados Rubio, mientras mantenía invariable el precio de Fortuna y Nobel, lo que el sector ha interpretado como una tregua. British American Tobacco y Japan Tobacco, las otras dos grandes tabaqueras que operan en España, de momento no han respondido a esta tercera batalla y, aunque lo hicieran en los próximos días, probablemente sería la última vez. Y es que el margen para seguir bajando precios prácticamente se ha acabado, reconoce a ABC Juan José Mazo, director de Asuntos Corporativos de Bristish American Tobacco (BAT) en España.

El fin de la guerra sería una buena noticia tanto para las tabaqueras como para el Gobierno, que evitaría así el escenario de caída intolerable de las previsiones de recaudación. Y de este modo puede analizar con más sosiego los posibles cambios fiscales.

Las compañías tabaqueras están todas de acuerdo en que subir los ya elevados impuestos al tabaco no es la solución. Según un reciente estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), España es uno de los países de la UE con una fiscalidad más alta. En concreto, el 63,8% del precio final de la cajetilla son impuestos, frente a una media del 60,3% en la zona euro, y del 62,4 del conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea.

Lo que proponen la mayoría de las tabaqueras, excepto Altadis, que operan en España es que se mantenga la presión fiscal, pero se cambie la estructura del impuesto. Ahora en España prácticamente el 90% de la imposición es variable, es decir es un porcentaje sobre el precio de la cajetilla, mientras que el impuesto específico, el fijo, es apenas del 10%. Según el citado informe, en la zona euro el impuesto variable es del 53,4% del total, mientras en la UE-27 se acerca al 60%, ambas cifras lejos del 90% español.

Este modelo, argumenta el citado informe, genera incentivos a unos precios bajos y fomenta guerras de precios como la que acabamos de vivir en España, ya que el coste de estas rebajas lo asume sobre todo Hacienda. «Es un sistema fiscal perverso», argumenta Juan José Mazo, de BAT.

La propuesta de los economistas de AFI pasaría por equilibrar los impuestos específicos y los variables. Sin embargo, el Gobierno se ha resistido por el momento a actuar en este sentido porque los impuestos variables benefician a las compañías con precios más bajos, y en el caso español con esta fiscalidad se trataba de beneficiar el monopolio de Tabacalera, la actual Imperial Tobacco (Altadis). De ahí que esta compañía se ha manifestado en varias ocasiones en contra de un cambio fiscal. «Es una reminiscencia del pasado», argumentan sus competidores, porque ya no es una empresa española. Pero la compañía se defiende. «Somos la única que sigue teniendo centros de producción en España», no entenderíamos que se nos penalizara.