Tras su paso fugaz por un Consejo Interterritorial de Salud al que no asistieron las comunidades del PP, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la tramitación parlamentaria de la ley de muerte digna. La Sociedad Española de Geriatría lamentó que el Gobierno esté corriendo tanto «con una de las leyes que más consenso necesita».
El texto garantiza el derecho a recibir cuidados paliativos, a no sufrir y a preservar la intimidad de los pacientes al final de sus días. La nueva legislación quiere que se respete la voluntad de los enfermos terminales sobre los tratamientos que deban recibir. Evita el encarnizamiento terapéutico y exime de responsabilidad a los profesionales sanitarios. Se refuerza el valor de las instrucciones previas y el uso de una habitación individual en un centro sanitario. La ley también incorpora una disposición para agilizar la dispensación de medicamentos contra el dolor en situaciones de agonía.
