Tratando sus problemas de drogas en un módulo terapéutico. Así ha pasado los dos años que ha estado en prisión Ramón Santiago Jiménez, de 26 años, uno de tres adolescentes condenados por el asesinato de Sandra Palo, perpetrado junto a otro joven mayor de edad, el 17 de mayo de 2003.
Ayer, minutos antes de las dos de la tarde, «Ramón» abandonaba el penal de Estremera, en compañía de varios familiares, que llegaron en una furgoneta azul. Han pasado ocho años del crimen y la liquidación de la medida de internamiento que le fue impuesta en su día por el juzgado número 5 de Menores concluyó. Ahora, está por ver si, como adelantó ABC ayer, la «libertad será total»; es decir, si se quedarán sin efecto los 18 meses en régimen semiabierto y los cinco años de libertad vigilada que tenía pendientes.
El juez dispone de cinco días para decidir, según la petición del revocamiento de las medidas de control realizadas por el letrado de «Ramón» y el Ministerio Fiscal, en una vista celebrada el miércoles. Argumentan que se tengan en cuenta los informes favorables sobre su evolución y conducta. «Ha participado en los programas educativos y en las actividades deportivas y culturales. Su comportamiento ha sido bueno y no se ha visto involucrado en ningún altercado ni ha tenido sanción alguna», precisaron desde Instituciones Penitenciarias.
El artículo 13.4 de la Ley del Menor permite dejar sin efecto el resto de las medidas impuestas por un juez cuando un menor pasa a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario. La normativa lo faculta si «redunda en el interés del menor y se expresa suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta».
De «perdonar» el juez los 6,5 años que «Ramón» tiene pendientes, la polémica estará servida y contribuirá a echar aún más leña al fuego en cuanto a las penas impuestas a los menores que cometen graves delitos, su control, la aplicación por parte de las administraciones y su reinserción.
Por ello, los padres de la víctima, Sandra Palo, en vista de lo sucedido con Rafael García Fernández, «El Rafita», el primero de condenados por el asesinato de su hija en salir en libertad, siguen una lucha sin denuedo en la que reclaman cambios legales para que «no salga gratis matar y acabar con la sensación de impunidad».
¿Rehabilitado?
Entre ellos, rebajar la edad penal a los 12 años para los casos de extrema gravedad, como violaciones y asesinatos, adaptando la ley a la realidad; introducir el principio de proporcionalidad, ampliando el número de años de aplicación de las medidas; el ingreso directo a la cárcel al cumplir los 18 años, y mayor coordinación entre las autonomías. Todo ello no le afecta a «Ramón», más corpulento que cuando acudió en 2005 al juicio que se celebró contra «El Malaguita», el único adulto del grupo, condenado a 69 años. En su testimonio de entonces, se escudó en sus toxicomanía. «Estaba encocao», dijo. Ayer, dejó atrás Estremera —donde está también presa su madrastra— acompañado por cuatro familiares y enfiló hacia su barrio, Carabanchel. «Pertenece a una familia multiproblemática, en la que los malos tratos y los ingresos en prisión de su padre le han marcado. De escaso desarrollo intelectual, influenciable y con cambios bruscos de carácter, un mal manejo de la ansiedad...», decía su primer informe. ¿Estará ahora rehabilitado?
