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Columnas / POSTALES

Nuestra infantil democracia

Los políticos españoles están convencidos de que, con el cargo, les pertenece cuanto se relaciona con él, dineros incluidos

Día 08/06/2011

LA indignada reacción del señor Barreda y su junta a las denuncias de sus sucesores en Castilla-La Mancha no puede ser más elocuente ni más española: ¿quiénes son ustedes para pedirnos cuentas? Y es que los políticos españoles están convencidos de que, con el cargo, les pertenece cuanto se relaciona con él, dineros incluidos. Como si hubiesen sido elegidos para hacer lo que les da la gana.

Tal actitud revela el infantilismo de nuestra democracia. De entrada, el poder no pertenece a los políticos, por muy elegidos que sean. Los políticos sólo lo detentan, siendo el pueblo, la ciudadanía, su propietario permanente. Luego, el dinero público tiene un dueño —¿recuerdan a aquella ministra que proclamaba que no era de nadie?—: los contribuyentes. Es cómo se le denomina en las democracias avanzadas: taxpayer money. Pero como en España el contribuyente se limita a pagar sin exigir cuentas, los políticos han terminado por creerse que es suyo.

Estoy seguro de que, no ya Castilla-La Mancha, esa «Grecia española», según el Financial Times(¿cómo llamará a Andalucía, cuando se descubran sus ERES y demás pufos?), sino todas las CCAA están en bancarrota. CiU descubrió un agujero galáctico al hacerse cargo de la Generalitat de manos del tripartito, y el Ministerio de Hacienda viene advirtiéndolo sin que nadie le haga caso. El propio Mas ha dicho que va a pasarse por el arco del triunfo los límites impuestos al déficit, lo que ha traído un aviso de la agencia Moody’s al conjunto del Estado.

Y es que el Estado de las Autonomías, tan celebrado por poner fin al odioso centralismo, tiene un defecto de fábrica que puede acabar con él: ha diluido las responsabilidades. El Gobierno central ha cedido poder y medios a los autonómicos, que se han embarcado en proyectos faraónicos —palacios de congresos, aeropuertos, filarmónicas, polideportivos, a cargo de arquitectos de fama internacional— sin tener en cuenta la necesidad ni la rentabilidad. Y sin que nadie controle a nadie. Cuando la democracia, en último término, es el control del gasto público, perdón, del dinero del contribuyente.

Ha tenido que venir la crisis para dejar al descubierto tal desmadre y poner fin a tales prácticas. Nadie quiere asumir los pufos de sus predecesores y las acusaciones vuelan como pedradas. ¿Se quedará sólo en acusaciones y la consiguiente derrota electoral? Poco habríamos adelantado. Hay que pedir también responsabilidades. En Islandia, han encausado ya a banqueros y planean encausar al ex primer ministro, por no haber sabido o querido afrontar la crisis. Esperemos que no sea el último. ¿Por qué van a ser los políticos distintos a los médicos, arquitectos o ingenieros a la hora de afrontar los errores profesionales?

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