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El Gobierno cierra el grifo a la educación diferenciada

Envía de urgencia al Congreso la ley de igualdad de trato, que impone multas de hasta medio millón y deja sin financiación a los colegios que segregan por sexos

El Gobierno cierra el grifo a la educación diferenciada

LAURA DANIELE

España tendrá una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación antes de que finalice la legislatura. Esa es la intención del Gobierno al remitir ayer al Congreso de los Diputados con carácter de urgencia este anteproyecto que ya ha sido revisado por el Consejo de Estado.

La nueva normativa pretende proteger a los ciudadanos en todo el territorio nacional ante cualquier tipo de discriminación, desde las que ya contempla la Constitución hasta las que establece la normativa europea, es decir, por motivo de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad y orientación sexual. La iniciativa aprobada ayer agrega además otras dos: identidad sexual y enfermedad. «Pretendemos avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos», aseguró la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para velar por su cumplimiento, el anteproyecto también establece la creación de «un organismo independiente que preste asistencia a los afectados», ya sea promoviendo fórmulas de mediación o conciliación entre las partes, investigando por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación o incluso iniciando acciones judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha advertido al Gobierno de que las competencias que se pretende otorgar a esta Alta Autoridad se solapan con las del Defensor del Pueblo, aunque el texto aprobado ayer señala que el Consejo de Estado entiende que «la creación de esta autoridad independiente es coherente con el modelo planteado por las Directivas comunitarias y es compatible con el Defensor del Pueblo».

El no cumplimiento de la normatilla acarreará además multas que pueden ir desde los 300 euros para las infracciones más leves hasta el medio millón de euros para las más graves.

Las buenas intenciones de la ley y las prisas con las que el Gobierno pretende su aprobación en el Congreso topan, sin embargo, con algunos puntos muy polémicos, como la retirada de la financiación pública a los colegios que imparten educación diferenciada —es decir, separan a los niños de las niñas para impartir clases— y la prohibición de que las aseguradoras tengan en cuenta el sexo del conductor para el cálculo del precio del seguro.

Seguros más caros

Leire Pajín justificó la retirada del concierto a estos centros educativos en el «aval» recibido por el Consejo de Estado. «No se trata de que desaparezcan, sino de no financiar ese tipo de colegios», aseguró la ministra para explicar que el informe del Consejo de Estado «dice claramente que en ningún caso (el anteproyecto) vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme a sus convicciones y en ningún caso vulnera la libertad de educación». «Es cierto que dice que esta realidad debe reflejarse en las leyes educativas, pero de forma clara y rotunda dice que no vulnera los derechos de los ciudadanos y de sus padres a la libre educación», reiteró Pajín, tras explicar que el órgano consultivo considera que tampoco se vulnera la libertad de creación de centros docentes ya que, al margen de la financiación pública, el modelo de educación diferenciada se puede seguir aplicando.

En cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) del pasado 1 de marzo,la normativa también contempla que en la contratación del seguro del coche en ningún caso el sexo podrá constituir un factor que determine diferencia de trato en las primas y prestaciones de las personas aseguradas». Una medida que ha sido muy criticada por los expertos, que señalan que abre la puerta a la subida de los seguros de coche para mujeres, que ahora pagan primas inferiores a los hombres de su edad porque las estadísticas demuestran que tienen menos riesgo de accidentes. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, advirtió en su momento que la sentencia del Tribunal Europeo podía provocar un encarecimiento de los seguros, especialmente para las conductoras jóvenes. Ahora será una ley.

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