Sociedad

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El Gobierno quiere retirar la subvención a los colegios que segreguen por sexo

El proyecto de Ley de Igualdad de Trato establece medidas como la pérdida de la financiación pública y sanciones a las aseguradoras que cobren primas diferentes a hombres y mujeres

Día 28/05/2011 - 03.49h

El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Ley Integrala para la Igualdad de trato y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, desgranó en la rueda de prensa posterior al consejo algunos de sus puntos.

El texto, que ha sido remitido con carácter de urgencia al Parlamento, contempla entre otras disposiciones, que los colegios que segregan a sus alumnos por sexos pierdan cualquier posibilidad de subvención pública. Pajín ha defendido esta medida, alegando que ha sido avalada por el Consejo de Estado, que no encontró vulneración alguna en el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa o moral acorde a sus convicciones.

La norma que el Ejecutivo espera que sea aprobada en el Parlamento contampla también que las aseguradores no puedan diferenciar en el trato entre sexos en lo relativo a las primas.

La patronal de la escuela privada, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), no ha tardado en mostrar su disconformidad con lo establecido en el proyecto de Ley. En una nota de prensa, la patronal considera que no existe discriminación alguna en estas prácticas, y como ejemplos cita dos sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2006 y del 11 de julio de 2008, y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la Unesco. «La educación diferenciada es un modelo pedagógico internacionalmente aceptado», apunta la CECE, «cuya finalidad es potenciar al máximo las capacidades de cada alumno o alumna, adaptándose a sus diferentes ritmos de aprendizaje y proceso de maduración».

Respuesta de los centros

«Son los padres quienes tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones pedagógicas», tal como recogen «múltiples organismos internacionales y la propia Constitución», señala la CECE. A su juicio, el anteproyecto es «contrario a la libertad de creación y elección de centros garantizada por nuestra Constitución» y a «la libertad de las familias». Por ello, insiste en que los colegios de educación separada tienen derecho a recibir financiación pública, pues «ofrecen un modelo pedagógico tan válido, legítimo y reconocido por nuestra Constitución como cualquier otro».

La norma aborda no solo cuestiones educativas. Según Pajín, es «una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio», que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y la publicidad y medios de comunicación.

Además, abarca la afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales y profesionales; la protección social, prestaciones y servicios sociales; y el acceso a bienes y servicios a disposición del público (incluida la vivienda)

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