La Justicia europea avala la normativa urbanística valenciana

Con esta resolución se pone fin a un largo periodo que arrancó 2005 con la primera visita de un grupo de eurodiputados para revisar sobre el terreno las quejas que habían remitido al comité de Peticiones unos 15.000 ciudadanos pero que nunca fueron confirmadas.

La campaña fue espoleada desde las filas socialistas, especialmente por el entonces eurodiputado Joan Calabuig —candidato del PSPV a la Alcaldía de Valencia en las últimas elecciones— y provocó graves pérdidas económicas, según denunciaron los promotores inmobiliarios. El PSPV sostuvo ayer sus críticas.

Tras la trifulca política en la que el Gobierno central dejó sola a la Generalitat en la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo comunitario había llevado la LUV —y también su antecesora, la LRAU— ante el Tribunal de Luxemburgo por considera que infringía la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Bruselas aseguraba que la norma no respeta las exigencias de publicidad y transparencia que impone la UE en la adjudicación de los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI).

También el Parlamento Europeo ha elaborado varios informes censurando la LUV y ha llegado incluso a amenazar con congelar los fondos europeos para España si no se corrigen los abusos urbanísticos denunciados. En su sentencia, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de la Comisión y le condena a pagar las costas. El dictamen concluye que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada no son contratos públicos.