La Federación de Centros Españoles en Venezuela (Feceve) ha denunciado por escrito ante diversas instituciones de nuestro país, incluido el Parlamento, las expropiaciones en masa que de seis años a esta parte viene realizando el Gobierno de Hugo Chávez. La política del dictador bolivariano ha arruinado a medio centenar de emprendedores que no sólo han sido expoliados de su patrimonio sino que, además, no han sido indemnizados por ello.
Eran las ocho de la tarde de hace seis años cuando cuarenta soldados de la Guardia Nacional de Venezuela sacaron violentamente a Antonio Ruiz Zapata, de 76 años, de su despacho de «Frialsa», el matadero más grande del país, al menos hasta que el gobierno se apoderó de él. Nacido en la isla de La Palma el 25 de octubre de 1934, Ruiz Zapata cometió el pecado de levantar un emporio en el estado natal de Hugo Chávez (Barinas) antes de que éste se convirtiera en el presidente de la República de Venezuela y sin imaginar el infierno que viviría durante la revolución bolivariana.
Su Frigorífico Industrial de Barinas, «Frialsa», donde sacrificaba entre 400 y 500 reses diarias, y sus dos haciendas en el estado de Apure, suroeste de Venezuela, donde engordaba 5.000 cabezas de ganado en cada uno, le habían hecho acreedor del título de «rey del ganado». De un día para otro, sin justificación alguna, el gobierno chavista le despojó de sus bienes. El productor canario aún recuerda indignado la forma en que los militares lo expulsaron de su empresa. Seis años después «no he podido volver al frigorífico. Ahora el gobierno apenas mata treinta reses a la semana y las dos ganaderías están abandonadss. Los chavistas, donde ponen la mano lo acaban», dice a ABC.
Ruiz Zapata afirma que el gobierno venezolano sólo le ha pagado una indemnización equivalente al 26 por ciento del valor de «Frialsa». Por las dos fincas no le ha dado nada. El empresario ha demandado al ejecutivo ante la Corte Internacional en Washington. Como las de Ruiz Zapata, hay otras dos empresas emblemáticas, propiedad de emprendedores canarios expropiados y no indemnizados. Se trata de «Agroisleña» y «Friosa», que controlan el 70% de la producción de alimentos.
Pero no son las únicas. En esa misma situación se encuentran más de 500 pequeños, medianos y grandes productores y empresarios españoles, la mayoría de los cuales (60%) llegaron desde Canarias. Según explica a ABC el presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela (Feceve), todos han sido expropiados.
Felix Barbero es el titular de Feceve y también uno de los afectados. Nació en Cáceres. Hace tres años y medio, el gobierno venezolano le expropió. Comenta que los españoles han sido castigados por la revolución chavista: «Nos han quitado casas, edificios, centros comerciales, fincas, de todo, ya no existe la propiedad privada en Venezuela». «Las expropiaciones a españoles, realizadas en forma violenta y arbitraria, no son más que apropiaciones indebidas; todas esas medidas se hacen sin atender a las garantías constitucionales y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela», dice la denuncia que Barbero ha enviado a las autoridades españolas. «Pedimos justicia, reclamamos el pago justo de nuestras propiedades», señala. Barbero ha hecho llegar la denuncia a todas las instituciones públicas de España, incluido el Parlamento. «Pedimos que se aplique el tratado de protección a las inversiones españolas en Venezuela», concluye.
Datos contradictorios
Desde la representación diplomática española en Caracas se sostiene que «gracias a la gestión del gobierno de Zapatero se ha podido beneficiar al 10 por ciento de los afectados con un fondo de 25 millones de bolívares (casi 6 millones de dólares) del Instituto Nacional de Tierras, por lo que continúan las conversaciones con las autoridades venezolanas».
Sin embargo, Felix Barbero aclara que las autoridades venezolanas sólo «han pagado a ocho de los 117 afectados de hace seis años. Y eso es el dos por ciento, no el diez».
