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Rivero paga 30.000 euros a unos abogados que «vigilan» a la oposición

El nacionalista confía a un bufete de Madrid el análisis de las declaraciones de diputados isleños

Rivero paga 30.000 euros a unos abogados que «vigilan» a la oposición ABC

BERNARDO SAGASTUME

La imagen del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias es objeto del mayor celo no solo por el principal interesado, Paulino Rivero, sino también por sus más cercanos colaboradores, que no dudan en recurrir a los medios que tengan a su alcance con tal de salvaguardar la figura de quien es la cabeza visible de la administración regional. Como muestra de ello, aparecen varios pagos que tienen como principal objeto el análisis de en qué medida se puede ver perjudicada la altura política y hasta personal de Rivero cada vez que los miembros de otros partidos abren la boca.

Solo así se explica que el día 9 de septiembre de 2009 se presentase, con cargo a las cuentas públicas canarias, una factura del estudio jurídico «Bercovitz-Carvajal, Sociedad Civil Profesional» —un reconocido bufete de Madrid integrado por ocho abogados y especializado en Derecho Privado— que detalla los honorarios profesionales por un trabajo encargado desde la Presidencia del Gobierno de Canarias bajo el siguiente concepto: «Dictamen sobre la valoración jurídica que merecen ciertas declaraciones públicas hechas por diputados canarios en relación con el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias».

La factura, por un importe total de 15.000 euros, recibió el visto bueno y, en consecuencia, la firma de Javier González Ortiz, viceconsejero de la Presidencia regional, y registra entrada, el mes siguiente, el día 21 de octubre, a través del habitual documento ADO (autorización, disposición y obligación sobre disponible en corriente). La Tesorería general pagaría a través de una transferencia bancaria, según consta en el documento, al que también ha tenido acceso ABC.

Aunque fuentes de la Presidencia evitaron referirse a qué declaraciones en concreto fueron las que motivaron este gasto, por aquel entonces ya sobrevolaba el escenario político canario el uso que hace Rivero de los helicópteros del 1-1-2. Entre algunos de los que mostraron su desacuerdo con que el ex alcalde de El Sauzal utilice los helicópteros —que no contemplan su uso por el presidente canario en ninguno de los 17 puntos del contrato suscrito con la administración regional— aparecía Juan Carlos Alemán, por entonces todavía diputado del grupo parlamentario socialista en la Cámara regional y hoy miembro de la Audiencia de Cuentas.

Alemán mostró en repetidas ocasiones su desacuerdo con el abuso del helicóptero de emergencias y acusaba a Rivero de acudir en él hasta a romerías y de querer ser «el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro» a costa del dinero público, según dijo una vez

«Derecho al honor»

Una segunda factura, también por importe de 15.000 euros, había presentado 40 días antes, el 30 de julio de 2009, el mismo estudio jurídico, Bercovitz-Carvajal, aunque el concepto por el que se produjo el débito a la Hacienda canaria era algo diferente.

«Dictamen sobre la protección del derecho al honor de las personas que ocupan cargos políticos», rezaba la minuta de honorarios profesionales, a la que se aplicó la deducción por el IRPF del 15 por ciento —algo que en la otra factura se corrigió antes de formalizar la ADO—, por lo que Fernando Ríos Rull, secretario general de la Presidencia canaria, autorizó el pago de 12.750 euros.

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