Economía

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El PP denuncia un tijeretazo a los funcionarios, que el Gobierno niega

La oposición exige explicaciones a Chaves mientras el Ejecutivo asegura que no prepara más recortes

Día 14/05/2011

El presunto recorte de la paga extra que los funcionarios recibirán en junio, según la denuncia de varias asociaciones y sindicatos recogidas ayer en estas páginas, fue negado ayer rotundamente por el Gobierno, por lo que el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. El Ministerio de Economía hizo pública una nota muy dura a primera hora de la mañana de ayer en la que afirmaba que «ni ha considerado, ni está considerando, ni hay previsión de hacerlo, medida alguna que pueda suponer un recorte salarial para el personal, tanto funcionario como laboral, al servicio de la Administración».

Presupuesto con «trampa»

Sin embargo, el portavoz del PP para asuntos relacionados con la función pública, Miguel Barrachina, acusó ayer al Gobierno de utilizar una «trampa» en los Presupuestos de este año para llevar a cabo un tijeretazo encubierto en las pagas extraordinarias de los empleados públicos de este año. En la misma línea que los sindicatos de la función pública, Barrachina aseguró que el año pasado el Gobierno utilizó la paga de diciembre para hacer el ajuste salarial de los funcionarios y que ese mes —según los Presupuestos del Estado elaborados por el Gobierno para 2011— servirá de referencia para calcular las pagas extraordinarias de este año, según Ep.

Por ello, pidió a Chaves que rinda cuentas sobre el nuevo «recorte encubierto» que, según insistió, se va a realizar en el sueldo de los funcionarios a través de una rebaja en la paga extra que cobrarán el próximo mes de junio. Barrachina asegura que el recorte irá «desde los 126 euros para un auxiliar administrativo hasta los 500 para un médico o un profesor», según la estimación realizada por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. «Es un engaño y un recorte encubierto propio de bellacos porque es adicional a la bajada del 5% del sueldo», sentenció. Poco después, la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, negó en La Coruña que se vayan a recortar las pagas extraordinarias de los funcionarios y criticó el «ejercicio de irresponsabilidad» de la organización sindical que ha difundido esa noticia «sin ningún fundamento», en alusión a USO. Rumí explicó que «este año hubo una congelación de los salarios, pero las pagas extraordinarias no están afectadas».

Unas horas más tarde, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de «bulo» interesado de cara a las elecciones del próximo 22 de mayo el que se diga que el Ejecutivo prepara un nuevo recorte del sueldo de los funcionarios. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba afirmó que en la mesa del Ejecutivo no hay previstos nuevos ajustes ni recortes del gasto público. «No hay nada de nada» al respecto. «Es un bulo que tiene intereses y si uno mira el calendario no hay que ser un genio para saber cuáles son», precisó.

Pero también el año pasado, en febrero, tres meses antes de aprobar la rebaja del sueldo de los funcionarios, el Ministerio de Economía mandó una nota rectificando al propio secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que había asegurado que los objetivos de déficit hacían imposible mantener el acuerdo salarial pactado con los sindicatos de la función pública. «El Ministerio de Economía y Hacienda quiere aclarar que el Gobierno respetará en su integridad el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre el salario de los funcionarios», rezaba el comunicado del 25 de febrero. El 13 de mayo se anunciaba el recorte.

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