La CE pide sancionar a España por las 'vacaciones fiscales'

Bruselas pide que la multa ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto, hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda, han confirmado las mismas fuentes. El Ejecutivo comunitario, que había declarado ilegales en 2001 las medidas vascas y ordenado su devolución, ya anunció el pasado noviembre su intención de presentar una demanda ante la máxima instancia judicial europea en este sentido, pero no formalizó su petición hasta hace varios días.

La Abogacía General del Estado recibió la notificación oficial el pasado 3 de mayo, según aseguró a la prensa el diputado foral de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga, quien acudió hoy a Luxemburgo con motivo de una vista precisamente sobre las 'vacaciones fiscales' vascas. Iruarrizaga ha considerado prematuro que después de tanto tiempo la CE no haya podido esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE decida sobre el recurso de casación que presentaron las diputaciones forales vascas contra la sentencia de primera instancia que daba la razón a Bruselas sobre la ilegalidad de las medidas.

Los jueces de Luxemburgo se pronunciarán en los próximos meses al respecto y aclararán si anulan la sentencia del Tribunal General y si procede la recuperación de las ayudas, lo que inevitablemente condicionará la decisión sobre la posible multa. Por "vacaciones fiscales" se conoce a una exención del impuesto de Sociedades durante los primeros diez años de vida de las nuevas empresas establecidas en el País Vasco, créditos fiscales del 45 por ciento para inversiones superiores a los 15 millones de euros y reducciones en la base imponible de ese tributo durante los primeros cuatro años que obtuvieran beneficios.

Las primeras medidas fueron aprobadas en 1993 y fueron progresivamente canceladas, hasta desaparecer totalmente en 2000, ante las denuncias e investigaciones abiertas en Bruselas. A estas facilidades, que según la UE constituyen ayudas de Estado incompatibles con las normas comunitarias, se acogieron unas trescientas empresas.