El Valedor do Pobo, Benigno López, solicitó ayer «explicaciones» a la Consellería de Economía sobre las medidas que se pondrán en marcha desde este departamento para «terminar con los excesos existentes» tras las modificaciones tarifarias en el sector y a raíz de la aplicación de la tarifa eléctrica estimada (esto es, las diferencias existentes entre los recibos que las compañías emiten en los meses en que realizan la lectura del consumo real con respecto a los periodos en que realizan un cálculo aproximado del mismo).
El alto comisionado del Parlamento informó, a través de un comunicado, que ha decidido abrir una queja de oficio y solicitar un informe al departamento que dirige Javier Guerra (que anunció medidas hace unas semanas), a tenor de las «disfunciones» provocadas por este sistema de tarificación. Todo ello ocurre, según explicó, después de tramitar un total de 57 reclamaciones de ciudadanos que denunciaron su «disconformidad» con la liquidación mensual del consumo eléctrico doméstico.
Las causas de las quejas que motivaron la actuación de López, recibidas desde la entrada en vigor de la facturación eléctrica mensual, el pasado 1 de noviembre, estarían relacionadas con «cálculos erróneos», «problemas de facturación», «descompensaciones» entre la vivienda habitual y la segunda y «diferencias» entre la factura real y la estimada. A la vista de esta situación, la institución que dirige Benigno López ha dirigido un escrito a la Xunta para que le informe «sobre las actuaciones practicadas y las medidas previstas con la finalidad de reparar los excesos existentes que inciden en los derechos reconocidos al consumidor y usuario del citado servicio universal».
Las medidas de la Xunta
El pasado día 7 de abril, el titular de Economía resaltaba las principales iniciativas del gobierno gallego para asegurar la corrección en el servicio y la facturación de las firmas de suministro que operan en Galicia.
Así, anunciaba que las compañías eléctricas tendrán que explicar a sus clientes en un plazo máximo de dos horas los motivos por los que se ha producido un corte de suministro en sus instalaciones, así como mantener una red de oficinas físicas en las que atender a los usuarios.
La Xunta buscará además que las facturas de las diferentes compañías presenten una información «homogénea y clara» sobre los costes del servicio, que tratará de proporcionar a través del programa «Belenus» (puesto en marcha en el pasado mes de marzo y que incluye información sobre el contenido de la factura, la opción de cambiar de compañía y las opciones tarifarias). «Belenus» se centrará en la tarifa de último recurso (cuyo precio fija el Gobierno para consumidores que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado libre y a la que pueden acogerse consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios), la tarifa social y las tarifas de discriminación horaria.
Paralelamente, se realizarán inspecciones del Instituto Gallego de Consumo, peticiones de modificación de la nueva normativa de consumo y ofertas de consenso con otras comunidades para reforzar la estrategia de defensa de los consumidores.
Por último, la Xunta planteará de nuevo al Gobierno central, como ya hizo en la Conferencia Sectorial de Consumo celebrada el pasado 2 de marzo, la necesidad de prohibir a las empresas facturar por estimación (envío de recibos mensuales cuando las revisiones reales de los contadores se realizan cada dos meses). También pedirá la implantación de un modelo único de recibo para todas las empresas; y la aplicación de criterios «objetivos, claros y automáticos» en la actualización de la tarifa de último recurso, cuyo incremento anual no debería superar al del IPC.
