Chaves gestionó un ERE de 35 millones con 42 deficiencias

El PP hizo públicos varios documentos sobre la implicación de Chaves. El primero es una carta que el presidente del comité de empresa dirigió en abril de 2005 al entonces presidente y los consejeros de Trabajo, Antonio Fernández, y de Innovación, Francisco Vallejo, solicitando ayuda para un ERE.

El segundo es una misiva de la Consejería de Presidencia, de mayo de ese año, en la que se explica que el presidente de la Junta «recibirá a los representantes de la empresa A Novo». Y también se solicita que se les facilite la documentación sobre el conflicto. Además se indica que el consejero de Empleo debe acudir.

Y el tercero es un correo electrónico enviado al entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el 30 de m ayo, en el que se le explican los cálculos que han hecho «con las propuestas barajadas en la reunión» mantenida con Manuel Chaves. Devolvió el dinero Estos documentos son la prueba, según el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, de que Chaves «organizó, dirigió y asistió a las reuniones par plantear uno de los EREs más fraudulentos y más irregulares que se han producido». Y demuestra que Chaves «mintió en el Congreso cuando afirmó que no conocía los ERE ni eran de su responsabilidad. «La X de los ERE está definida», dijo Sanz quien pidió la dimisión fulminante de Chaves o que Zapatero lo destituya. En este sentido, el PP dijo entender por qué la Junta no quiere que la juez vea las actas de los Consejos de Gobierno. También el propio vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió ayer al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que cese a Manuel Chaves de su cargo.

Según los populares, este ERE en el que intervino Chaves es uno de los que está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya y en el que no sólo se produjeron 42 irregularidades de 183 sino que un banco tuvo que devolver dinero en 2009 por pagos irregulares. Concretamente, la entidad devolvió a Empleo 198.000 euros por pagos irregulares a 42 trabajadores en el ERE, así como una póliza individual que percibió el intruso Manuel Jiménez de Miguel, que era militante del PSOE de Sevilla. Toda esta información está en manos de la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ya que la Junta incluyó al militante socialista en el listado de «discordancias administrativas» enviado al juzgado.