Sorpresivamente el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado a instancias del Ministerio de Hacienda, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la Oferta Pública de Empleo (OPE) para el cuerpo de maestro convocada por la Consejería de Educación, cifrada en 540 plazas. El recurso gubernamental considera que la oferta de la Comunidad contraviene los límites establecidos por Hacienda en cuanto a la contención presupuestaria por parte de las administraciones públicas en materias como la oferta de empleo, que se ha fijado en un 30 por ciento de la tasa de reposición respecto a la anterior convocatoria.
En el recurso, el único presentado por el Gobierno contra una comunidad autónoma en esta materia, se argumenta que la Consejería de Educación a la hora de fijar el número de plazas a convocar, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias acordadas entre los ejecutivos central y autonómicos, sólo debería haber contabilizado las jubilaciones de maestros de 2010 y no sumar también las de 2009.
Actuación de mala fe
Nada más conocer la noticia, la Consejería de Educación, a través de una nota de prensa, considera que la OPE se ajusta en todo momento no sólo al contenido literal de dicha Ley de Presupuestos del Estado, avalado por sentencias del Tribunal Supremo, sino también al espíritu de contención del gasto público derivado de las medidas impulsadas desde el propio Gobierno central y desde el Gobierno autonómico. En este sentido, el departamento que dirige Juan José Mateos califica esta actuación «va más allá de lo estrictamente jurídico y se ha realizado con mala fe» porque mientras en las reuniones más recientes con el Ministerio de Educación se alcanzaba un acuerdo por otra parte Hacienda impulsaba el recurso.
Por todo ello, la Consejería de Educación afirma que la actuación del Gobierno podría «perjudicar seriamente a uno de los pilares básicos de la calidad del sistema educativo de Castilla y León, la baja interinidad y la estabilidad laboral de los docentes». De hecho, entre los argumentos de la Junta para incluir las jubilaciones de 2009 está la necesidad del mantenimiento de la calidad del sistema educativo y en beneficio de los opositores, especialmente del personal interino.
Críticas de los sindicatos
La reacción de los sindicatos con representación en el sector educativo no se hizo esperar. El CSIF calificó ayer de «bochornoso» el comportamiento del Gobierno «que recurre ahora las oposiciones ya convocadas; inconcebible, por otra parte, que se actúe de forma tendenciosa contra los opositores de nuestra Comunidad, al haberlo hecho una vez finalizado ya el plazo de inscripción», cerrado el 27 de abril. CSIF denuncia que el proceso de convocatoria de oposiciones debería haberlo dirigido el Ministerio, como lo pidió en su momento este sindicato.
Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León define como «impresentable» que ahora el Ministerio impugne la OPE de la Comunidad, en lo que parece una «pelea política, de cara a la próxima cita electoral del día 22 de mayo, que lo único que hace es perjudicar, una vez más a los opositores». Por todo ello, este sindicato tildó como «inadmisible este nuevo ataque a la enseñanza pública», además de denunciar «la burla que esta impugnación supone para todas las personas que llevan tiempo preparando su acceso al Cuerpo de Maestros»
Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza (Stes) declaró el recurso gubernamental como «un auténtico disparate». Su portavoz, Pedro Escolar, denunció que «el Ministerio empezó este proceso y ahora sigue mareando la perdiz», por lo que pidió que, tras el acuerdo alcanzado con las comunidades, «ahora nos dejen en paz». Escolar recordó que Stes considera de por sí «raquítica»la oferta realizada por la Consejería de Educación, por lo que no entiende la posición de confrontación del Ejecutivo regional, que además «perjudica a los opositores» que llevan tiempo preparándose para las oferta de empleo público, ahora judicializada.
Ante esta nueva situación, la Consejería de Educación ha convocado una reunión el próximo lunes con los sindicatos para analizar la situación y las repercusiones de este recurso.
