A las críticas del Colegio de Médicos de Toledo a la nueva medida del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de su Servicio de Salud (Sescam), que desde el pasado 1 de abril ha eliminado 147 medicamentos del sistema de prescripción informática «Turriano», se suman ahora las de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), que considera «economicista, unilateral y con falta transparencia» esta retirada que, según ellos, afecta a 31 principios activos y 133 marcas de medicamentos que serán sustituidos por genéricos, aunque sí podrán tener receta en papel.
En este sentido, el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, aseguró que esta decisión de la Junta «nos preocupa seriamente porque supone un paso muy importante en la ruptura de la equidad del Sistema Nacional de Salud, diferencias entre los servicios sanitarios de las 17 comunidades autónomas y una discriminación muy importante para los pacientes y ciudadanos». Por eso, anunció que su organización ha ampliado un recurso contencioso-administrativo que ya tenía abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el Sescam, aunque espera que la Junta reconsidere su decisión y deje en suspenso la medida.
«Impacto» de 40 millones
Además, el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria destacó que esta medida supondrá un «impacto» para la industria farmacéutica de unos 40 millones de euros de pérdida y unos 2.400 millones de euros con dos reales decretos, a pesar de lo cual aseguró que Farmaindustria está «firmemente comprometida con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud». «Un compromiso que se demuestra también con la contribución a través del sistema de precios de referencia y la colaboración con los hospitales, los centros de salud y las administraciones», manifestó.
Con esta decisión, indicó Luis-Yagüe, «pacientes que tienen menos posibilidades de acceder a los medicamentos, y especialmente a los innovadores, que los ciudadanos de comunidades limítrofes y sin que exista ningún motivo sanitario, científico ni técnico para ello. Esta medida, según él, ha sido denunciada también por otros organismos, como el Consejo Económico y Social y el Defensor del Pueblo, al igual que colectivos de pacientes, médicos y farmacéuticos.
Por su parte, el director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, resaltó que esta medida supondrá cambiar muchos tratamientos a los pacientes de Castilla-La Mancha, que verán dificultado el acceso a determinados medicamentos, lo cual supondrá un «riesgo» y un «baile de cambios» en envases, colores o formas de los medicamentos. Tras criticar que un paciente tenga ahora que dejar de tomar un medicamento que habitualmente tomaba «porque un señor, que no es el médico, ha decidido que se prescriban con dificultad», alertó del «riesgo» que supondrá la medida para los profesionales sanitarios, que ahora «tendrán que entretenerse» en recoger en las aplicaciones informáticas esta modificación que, a su juicio, sólo responde a «razones burocráticas», y en hacer a mano una receta que puede que no quede recogida en el historial del paciente.
