Los focos se pusieron primero en el caso Faisán. Se entiende. Si el proceso en marcha confirma lo que revela ETA sobre la negociación con el Gobierno entre 2005 y 2007, nos encontraríamos ante un caso gravísimo de deslealtad al Estado, cualquier que sea la calificación que se dé finalmente al delito a instancias de una fiscalía más preocupada en defender los intereses del Gobierno que los de los ciudadanos.
Pero las actas de la banda terrorista confirman otra muy grave evidencia, ya sugerida en su día, aunque quedó sepultada bajo una crónica oficial construida sobre la ficción: que el atentado de Barajas de diciembre de 2006 supuso «la ruptura del proceso», a partir de la cual el Gobierno decidió que la única política posible era la del palo. No fue así. El Gobierno intentó reanudar la negociación, que sólo se interrumpió definitivamente cinco meses después, y no precisamente a instancias del Ejecutivo. Lo sabíamos, pero conviene que no se olvide. Ello no significa negar la sinceridad y la eficacia de la actual política antiterrorista del Gobierno. Pero sí que engañó en su día los españoles y al Congreso.
Así que cuando el Gobierno opone su credibilidad a la de la banda, uno prefiere no recoger el guante para no empeorar las cosas. Pero no sin antes formular tres salvedades: que un asesino abyecto no tiene por qué ser siempre un mentiroso compulsivo; que los expertos en ETA tienden a admitir la veracidad de este tipo de papeles; y que, en el último caso sonado, el PNV no pudo desmentir los términos del acuerdo que firmó con ETA antes del pacto de exclusión étnica de Lizarra. Hablando de credibilidad, es significativo que el líder mediático de la izquierda española haya dedicado a la información los honores de la portada y tres páginas interiores. No sólo recela, pues, la derecha resentida.
