Matas se enfrenta a ocho años de prisión

El expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP) se enfrenta a la petición del fiscal de 8 años y medio de cárcel en el primer juicio que se celebrará del "caso Palma Arena", después de que el juez haya decretado su apertura por los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos.

En su escrito de acusación presentado hoy, la Fiscalía Anticorrupción considera a Matas responsable de los delitos de malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau también piden para Matas 15 años de inhabilitación absoluta por los cuatro primeros delitos y 8 años de inhabilitación para cargo público por el quinto de ellos.

En esta pieza se investiga el pago supuestamente encubierto del Govern al periodista Antonio Alemany de unos 4.500 euros mensuales por escribir los discursos de Matas, así como una subvención de 450.000 euros que recibió del Ejecutivo para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de 11.500 euros por elaborar unos reportajes deportivos que supuestamente no hizo. Estos son los tres aspectos en torno a Alemany que se enmarcan dentro de esta pieza, la primera de las alrededor de 25 en las que está dividido el 'caso Palma Arena' de supuesta corrupción durante la pasada legislatura autonómica del PP.

En total, los fiscales acusan a Matas, Alemany -para quien pide 5 años y medio de cárcel- y otras cuatro personas de concertarse para beneficiar al periodista con fondos públicos por valor de 483.186 euros. En esta pieza también están imputados la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; la ex directora general de la televisión autonómica IB3, María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el ex director general de Comunicación del Ejecutivo Joan Martorell.

Para Linares, defendida por Carlos Barceló, los fiscales reclaman 1 año y medio de cárcel; para Umbert, 9 meses de prisión; para Romero, 4 años y medio, y para Martorell, 2 años. Sostienen que los acusados se concertaron para malversar este dinero en favor de Alemany "con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas" y con documentos oficiales de contenido "absolutamente inveraz".

El escrito narra que al comienzo del pasado mandato, en 2003, Matas y Alemany llegaron a un acuerdo para que el Govern pagara al periodista por escribir sus discursos ocultando que era él quien lo hacía, dado que ello supondría "una interferencia en su trabajo como articulista en determinados medios". "Esta conducta -afirman los fiscales- la mantuvo durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los discursos e intervenciones públicas del presidente del Govern con la crítica periodística favorable de los mismos". Para ocultar el pago del Govern a Alemany, Matas pidió a Romero que su agencia de comunicación sirviera de "tapadera", a lo que el empresario accedió "ante las expectativas de obtener mayor contratación pública".

Acusan asimismo a Matas, defendido por Rafael Perera, y al resto de implicados de que el Govern otorgara una subvención de casi 450.000 euros de manera también encubierta a Alemany para poner en marcha una agencia de noticias, cuando lo que realmente pretendía el periodista era crear un periódico digital que alabara la gestión del expresidente balear. Para ello, Alemany puso a un sobrino como administrador de la empresa que recibió la subvención, de la que finalmente Alemany cobró 272.000 euros, ya que el resto de pagos los suspendió el nuevo Ejecutivo tras las elecciones de 2007.

Además de la Fiscalía, la acusación de la Comunidad Autónoma ha reclamado para Matas 8 años de prisión, así como 7 años y medio para Alemany, 9 meses para Umbert, 4 años y medio para Romero, 2 años para Martorell y 1 año y medio para Linares. Después de que los fiscales y la acusación hayan presentado sus escritos, el juez instructor, José Castro, ha dictado el auto de apertura de juicio oral, al entender que "existen racionales indicios contra los acusados".