El 37% de los 64 millones en ayudas de la UE al empleo fueron fraudulentos

Esas empresas tienen más de 8.000 empleados y según todos los indicios han defraudado 25.697.173 euros (ver gráfico) de las bonificaciones englobadas en el epígrafe «Nuevas contrataciones bajo la modalidad de fijos discontinuos o transformación de contratos temporales en indefinidos». No solo no sirvieron para crear o estabilizar empleos, sino que todo apunta a que acabaron convirtiéndose en un paradigma de descontrol público.

Las condiciones para recibirlas eran que durante cuatro años la empresa debía garantizar el puesto de trabajo bonificado en las cotizaciones a la Seguridad Social; en caso de despido del trabajador este debía ser sustituido por otro hasta la finalización del contrato del primero, o bien la empresa tendría que haber devuelto la subvención.

Las deficiencias o irregularidades que se han producido son tales que, en ocasiones, los investigadores no han podido determinar si se trata de un delito o de un fallo de grabación de los datos por parte de los organismos encargados del control: la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Al cruzar datos de unos y otros se ha detectado a trabajadores que fueron «fichados» después de la fecha de inicio del contrato que figura en la Consejería; otros empleados fueron despedidos antes de acabar el contrato; para rizar el rizo aparece un tercer grupo que firmó después de la fecha de inicio y acabó en la calle antes de que venciera su contrato y aun se ha descubierto que otros empleados no aparecen como altas ni bajas en la Seguridad Social, pero sí en la Consejería de Empleo.

El descontrol no se refiere solo a ese aspecto. De la documentación analizada se desprenden errores en los NIE (Número de Identificación de Extranjero), de manera que en la Seguridad Social se aportan vidas laborales de personas distintas a las investigadas.

Un tercer error que ha salido a la luz es la coincidencia en el CIF de la empresa y el NIF del empleado en el mismo expediente, lo que significaría que el dueño de la sociedad se autocontrataba como trabajador; hay empleados con un mismo NIF pese a que son distintos y pertenecen a diferentes empresas, y trabajadores que aparecen con un número de documento en la Consejería y con otro distinto en la Seguridad Social; otros empleados directamente ni siquiera están identificados.

No solo eso, los agentes tras revisar decenas de expedientes —que por cierto la Junta de Andalucía envió en papel complicando aún más las pesquisas— se encontraron con que algunas empresas devolvieron distintas cantidades y lo comunicaron a la Consejería, pero este órgano no informó de esas devoluciones a la Guardia Civil. Curiosamente, algunas de esas devoluciones se hicieron fuera de plazo, meses e incluso años después de que el trabajador fuera despedido y con esa entrega tardía los beneficiados consiguieron bajar las cantidades que marcan la frontera entre delito e infracción administrativa (el primero se da cuando se sobrepasan los 87.000 euros de subvención).

Muchas de las sociedades devolvieron el dinero después de que la Junta supiera que la investigación estaba en marcha y solo entregaron la cantidad suficiente para que no se les pudiera imputar un delito.

El informe de la Guardia Civil explica que se ha producido un delito contra la Hacienda Pública (en principio cometido solo por una empresa sevilla aunque se investigó a otras tres) y otro de falsificación de documentos públicos (25 casos). En estos últimos las empresas solicitantes de la subvención no tenían ningún vínculo en la Seguridad Social con los trabajadores a los que supuestamente contrataron. El grueso del fraude son, como avanzó ABC, infracciones administrativas, eso sí miles de casos que aún habrán de perfilarse. Lo que está claro es la cantidad supuestamente defraudada: 25. 697.173, 87 euros, más de un tercio del total de ayudas repartidas.