La ley de Ciencia de 1986 ya tiene relevo, un cuarto de siglo después. El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto IU-ICV, que ha rechazado el texto en el último momento porque, en su opinión, se han roto los preacuerdos y el resultado final «empeora la carrera investigadora». El proyecto se aprobó en la Comisión de Ciencia del Congreso, con competencia legislativa plena, por lo que ahora se remitirá directamente al Senado para su segunda lectura. Está previsto que entre en vigor antes del próximo verano.
El texto aprobado impulsa, entre otras medidas, la creación de una Agencia Estatal de Investigación sin aumento del gasto público, fija tres tipos de contratos para los científicos y establece la reorganización de los organismos públicos de investigación, que podría suponer la extinción de aquellos cuyos fines se solapen. Además, tendrá como objetivo reducir los trámites burocráticos así como atraer y retener a los talentos científicos.
En concreto, la nueva norma recoge un contrato predoctoral, que sustituye a las becas, con una duración determinada que no podrá ser de más de cuatro años. Además habrá un contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, dirigido a los que tengan título de doctor o equivalente, y que no podrá durar más de 5 años. También habrá un contrato de investigador distinguido, destinado al científico nacional o extranjero de reconocido prestigio.
Para el diputado del PP Gabriel Elorriaga, con las enmiendas incorporadas al texto se «han dado pasos adelante», aunque a su juicio quedan aspectos que no se resuelven: «No se aborda un problema importante, los incentivos fiscales para dar verdadero apoyo y potenciar el mecenazgo».
Por el PNV, José Ramón Beloki destacó el riesgo de estancameinto que existía con la tramitación de la ley, lo que podía producir «confusión y desconfianza» en la sociedad. «Tenía que salir de una vez», subrayó. Beloki cree que esta ley va dirigida al conjunto de los ciudadanos y a la economía en general, no sólo a los científicos. «Es un sistema que nos implica a todos porque es un problema de todos, porque estamos ante una economía que no se sostiene en un mundo globalizado», resumió.
La diputada de CiU Inmaculada Riera comentó que la norma permite avanzar en los nuevos retos que han aparecido desde 1986. «Es una ley que avanza en el reconocimiento de la diversidad y permite superar el déficit de transferencias», explicó. Con todo, cree que la ley podía haber sido más ambiciosa en sus objetivos.
Desde el PSOE, Juana Serna se felicitó por el acuerdo general y sentenció que «somos un país de ciencia».
