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La corrupción del fraude de los ERE alcanza ya al Gobierno andaluz

La juez comunicó ayer al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que va a ser imputado en el caso

Día 15/03/2011

La corrupción de los ERE fraudulentos ha llegado ya al Gobierno que preside José Antonio Griñán, con la imputación ayer por parte de la juez Mercedes Alaya del ex consejero de Empleo y actual presidente del consejo regulador de la denominación de origen de Jerez, Antonio Fernández. De esta forma, al PSOE-A y al Ejecutivo andaluz se le caen los dos argumentos que hasta ahora han ofrecido para descargar su responsabilidad en la trama: que tras el escándalo estaban cuatro «pillos» que se saltaron los controles, de un lado, y que la máxima responsabilidad política del caso se situaba en la acción del ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, también imputado.

De hecho, este último ya había asegurado a la Policía que tanto a Fernández como a su antecesor en el cargo, José Antonio Viera, tenían conocimiento de todas sus actuaciones durante esos años, en los que gestionó un fondo de 648 millones de euros para ayudar a empresas en crisis. De ese fondo se financiaron ERE donde hasta el momento se han detectado 146 casos irregulares, que incluyen a personas que cobran prejubilaciones en empresas en las que nunca han trabajado y entre los que hay nueve militantes socialistas. Tras las declaraciones del hasta ayer principal imputado en el caso, no es de extrañar que la jueza haya dado un paso más e imputado a Fernández, alcanzando ya en la trama al Gobierno andaluz.

«Poco creíble»

Además, este ex consejero aparece relacionado con una serie de irregularidades del ERE de González Byass, empresa en la que trabajó y en cuyo expediente él mismo se incluyó cuando era titular de Empleo, reservándose una póliza de 400.000 euros a su favor dentro de la ayuda extra de 17 millones que concedió a la Asociación de Antiguos Trabajadores.

La juez envió ayer un burofax a Fernández en el comunicaba su imputación en el caso de los ERE y le instaba a nombrar un procurador y un abogado para personarse en estas diligencias en calidad de imputado. El ex consejero aseguró ayer que está «absolutamente tranquilo» porque su gestión en Empleo, entre 2004 y 2010, fue «transparente». En ese sentido, aseguró que aún no le han comunicado fecha para comparecer o declarar, aunque quiso dejar claro que «ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de la cuestiones que están saliendo». En su opinión, el testimonio de Guerrero afirmando que tanto él como Viera estaban al corriente de sus gestiones es «poco creíble».

Al igual que Fernández, el PSOE-A también considera poco creíble al ex director general de Trabajo. De hecho, la secretaria de Organización, Susana Díaz, no aplicó ayer la máxima del «que la hace la paga» puesta en práctica contra los concejales de Camas a los que se suspendió de militancia, sino que defendió la inocencia de los dos ex consejeros y restó importancia, en el caso de Fernández, a que fuera imputado.

Y es que para Díaz la imputación es «una garantía procesal que le va a permitir defenderse y defender su inocencia». Por ello el PSOE-A no tomará ninguna medida interna contra él. La palabra «imputado a todos nos impacta, pero es una garantía procesal y como tal tiene que entenderse», insistió Díaz.

IU pide elecciones ya

La visión del PP-A es diametralmente opuesta, al considerar su secretario general, Antonio Sanz, que con la imputación de Fernández y la «autoinmolación» de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, Griñán está «cada vez más cercado» por este escándalo. De esta forma se refería Sanz a las declaraciones del pasado viernes de Martínez Aguayo, en las que afirmó que cuando era viceconsejera de Economía no trasladó ni oficial ni privadamente a Griñán, entonces al frente de esa Consejería, el contenido de los informes de la Intervención, que desde 2005 a 2007 advirtieron del riesgo del procedimiento para gestionar los ERE En su opinión, es necesario que se depuren «responsabilidades políticas».

Por su parte, el líder andaluz de IU anunció que mañana presentará en el Parlamento una iniciativa para pedir el adelanto de las elecciones autonómicas a la vista del escándalo.«Deben ser los ciudadanos quienes tomen nota y emitan su posicionamiento a través de las urnas», dijo en una emisora de radio.

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